La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, mostró su preocupación ante la nueva ley antiinmigrantes que entró en vigor el sábado 1 de julio en Florida, estado que gobierna Ron DeSantis, aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos. 

“Por supuesto que estamos preocupados; porque este es un acto que realmente es muy discriminatorio y eso el presidente (Andrés Manuel López Obrador) lo ha dicho mucho más claramente que nunca”, dijo la funcionaria este lunes.

“Nuestra obligación es darle todo el apoyo y toda la protección a las comunidades migrantes en Florida”, añadió.

La funcionaria se refirió a la Ley SB 1718 en Florida, impulsada por DeSantis, que establece restricciones a indocumentados y que podría generar discriminación por “perfil racial” que afecten a otras personas.  

La nueva normativa obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno y tipifica el viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como un delito grave punible con hasta 15 años de prisión. 

La ley dificulta además el acceso de los indocumentados a la atención médica y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal. 

Asimismo, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo este lunes que la ley migratoria SB 1718, que castiga con severidad a los inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden en Florida es “cruel” y “dramática” para miles de personas radicadas en ese estado.

“A todos nos va a afectar de manera puntual y como le digo a un gran número de inmigrantes y a sus familias (...), puesto que será una ley cruel y además dramática que va a provocar casi un éxodo de miles de personas que van a salir a buscar oportunidades en otros estados", dijo al Canal 5 de Tegucigalpa.

Señaló que Honduras ha propuesto a Guatemala y El Salvador definir una “posición común” frente a la ley migratoria.

Reina aseguró que el éxodo masivo de inmigrantes “desborda a veces las mismas capacidades institucionales”, y manifestó que la SB 1718 es una legislación interna de Florida que “se debe cumplir”. 

“Lo que podemos hacer es tratar de paliar apoyando a nuestros inmigrantes en lo que podamos, en su documentación, en lo que sea necesario y como le digo, a pesar de que nuestros documentos no sirven de mucho cuando no hay un permiso de trabajo y las personas serán multadas o serán sacadas del Estado o deportadas”, dijo. 

La legislación “afecta y afectará de manera humanitaria a cientos de miles de personas en Estados Unidos”, acotó.