La llamada ‘guerra’ contra las pandillas lanzada desde finales de marzo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se extendió de las calles a la justicia con unas reformas penales aprobadas por el Legislativo, que para el gremio de periodistas representan una ‘censura’ y ‘criminalizan’ su trabajo.

Una de estas enmiendas, impulsadas por el presidente Nayib Bukele, castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de “cualquier manifestación escrita” que aluda al “control territorial” de las pandillas en El Salvador, lo que ha levantado la alarma entre los periodistas y organismos internacionales.

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo y, además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó, a propuesta de Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.

El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”.

Con la iniciativa de Bukele, que comparó con la lucha alemana contra el nazismo, se declararon también ilegales los grafitis o “cualquier expresión visual” que “explícita o implícitamente transmitan mensajes” de las pandillas.

En las diferentes comunidades de El Salvador es común observar grafitis para marcar una especie de frontera entre las zonas con presencia de grupos de pandillas contrarios.

Los representantes de la ONG Mesa de Protección a Periodistas, que agrupa a diferentes organizaciones, advirtieron que las reformas son un paso más en el camino para “violentar” el derecho a la libertad de prensa y “profundización de la mentira en los discursos del oficialismo” contra los comunicadores.

“Se ha comenzado a profundizar este discurso de que los periodistas estamos defendiendo pandillas, eso no es cierto, hay que dejarlo claro”, dijo Serafín Valencia, relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Valencia añadió que las enmiendas son contrarias a la Constitución, al representar una “censura previa”, prohibida en la carta magna.

En tanto, César Castro Fagoaga, presidente de la APES, afirmó en una conferencia de prensa que esta “reforma mordaza” es “un claro intento de censura a los medios de comunicación”. El titular de la APES alertó, además, que con la reforma ven “muy cerca” la posibilidad de que en El Salvador se arreste a periodistas. En octubre de 2020, el entonces director de El Faro, José Luis Sanz, señaló el temor de capturas en represalia por sus investigaciones.