La liberación de los presos de las protestas, el debate que agita a Chile

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La liberación de los presos de las protestas, el debate que agita a Chile

Familiares de los detenidos, asociaciones y simpatizantes de la causa comienzan a clamar en las calles el indulto.

CHILE
Integrantes de la Convención Constituyente al manifestarse en favor de la libertad de los detenidos durante las recientes protestas sociales, en Santiago de Chile. Elvis González; EFE

"¿Presos políticos" o "delincuentes comunes?" ¿Indulto o amnistía? La demanda por liberar a las personas detenidas en el marco del estallido social de Chile de 2019 ha adquirido mayor fuerza y visibilidad en las últimas semanas, situándose como uno de los temas de mayor controversia.

Familiares de los detenidos, asociaciones y simpatizantes de la causa comienzan a clamar en las calles, cada vez de forma más asidua, por el indulto de quienes denominan "presos políticos".

Denuncian abuso de la prisión preventiva en contra de los manifestantes detenidos, lentitud de los procesos judiciales y uso de legislación especializada para criminalizar las protestas.

La postura del Gobierno ha sido tajante desde el primer momento, señalando que "en Chile no hay presos políticos" porque "nadie está privado de libertad por cómo piensa" y que, por contra, se trata de "personas que cometieron delitos".

El tema cuenta con un correlato clave en el Congreso, que ya dio el primer paso para que un proyecto de ley que busca el indulto se debata en el pleno de las dos cámaras, mientras la convención que redacta la nueva Constitución aprobó una declaración apoyando la medida, reconociendo también la existencia de "prisión política".

La iniciativa legal no se refiere en ningún momento a "presos políticos", pero sí habla de "persecución del Estado"y "abuso del aparato punitivo".

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El texto reconoce que se cometieron delitos que son "punibles" penalmente, pero defiende que acaecieron en un contexto de "violaciones graves y masivas a los derechos humanos", por lo que las conductas de los detenidos pueden verse "como el ejercicio legitimo del derecho a la protesta social".

De acuerdo a Amnistía Internacional (AI), "sí han existido elementos políticos" manifiestos en el "discurso y el rol que ha tenido el Gobierno en todo esto", dijo a Efe la directora ejecutiva del organismo en Chile, Ana Piquer

"La presentación de querellas por Ley de Seguridad del Estado tiene ya en sí mismo un componente político, dado que por disposición de la propia ley, solo el Ejecutivo puede presentar querellas y por tanto valorar los elementos altamente subjetivos de los tipos penales establecidos en dicha ley", afirmó Piquer.

La socióloga y experta en temas de seguridad Lucía Dammert dijo a Efe que la situación de estos presos "aumenta la sensación de desequilibrio en la Justicia", en tanto las autoridades políticas plantean un discurso de mano dura en estos casos y no en otros de "cuello blanco".

En cambio, para el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, "no hay presos políticos en Chile" pues esta categoría "se aplica a personas que están detenidas por ejercer su libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión", lo que en su opinión no se da en Chile.

"También podrían calificar aquellos que están detenidos y acusados de un delito común pero han sufrido violaciones graves al debido proceso por razones políticas. No conocemos evidencias que sugieran que estos criterios existan en Chile", continuó el abogado chileno en una reciente entrevista con un medio local.

Quienes se oponen al indulto señalan que si bien el estallido social tuvo un claro trasfondo político, hubo personas que "aprovechándose" de ese contexto cometieron "delitos comunes, no políticos", tal y como dijo a Efe la senadora del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), Luz Ebensperger.

"Los delitos políticos son aquellos que ocurren contra la institucionalidad política, cosa que no ocurre en intentos de homicidios, lesiones, incendios y saqueos. Con esto lo que se trata de hacer es validar la violencia como manera legítima de actuar en política", afirmó Ebensperger

La senadora, además, coincidió con el reciente análisis del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien señaló que "más que un indulto (que supone el perdón de la pena de un delito cometido)" lo que se está buscando "es una amnistía (que olvida el delito y extingue la responsabilidad del autor)".

El reporte de la Fiscalía Nacional consigna que los detenidos por las protestas que están en prisión preventiva están siendo investigados por delitos como homicidio frustrado, robos, incendios y porte ilegal de armas, entre otros.

El Ministerio Público cifró en 25 el número de personas que están presas por las protestas, pero diversos organismos apuntan que no existen estadísticas definitivas, lo que se presume clave para la discusión parlamentaria.

El abogado de derechos humanos y vocero de la Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos, Jaime Fuentes, dijo a Efe que sus registros hablan de 77 personas que se encuentran en prisión preventiva, 120 con arresto domiciliario y hay más de 5.000 formalizaciones por hechos vinculados a las protestas.

De acuerdo a AI, hay múltiples casos en los que tras meses de prisión preventiva la persona sale absuelta o sobreseída, por lo que la medida responde a una "lógica de sanción anticipada en lugar de una cautelar excepcional", dijo a Efe su directora en Chile

"Todo ello demuestra que ha habido personas presas que nunca debieron estarlo, y que es posible que siga habiéndolas. Esto es algo que, lamentablemente, no se ha abordado debidamente desde las instituciones del Estado", agregó. EFE

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El censo de EE.UU. muestra la primera caída de la población blanca desde 1790

Washington, 12 ago (EFE).- El censo de Estados Unidos mostró por primera vez desde 1790 una caída de la población que se considera blanca, que se redujo en un 8,6 % en la década entre 2010 y 2020.

Así lo apuntan los datos publicados este jueves, según los cuales Estados Unidos registró una población de 331.449.281 personas en el empadronamiento de 2020, con la población blanca como el grupo mayor (235 millones) y la hispana como la minoría más grande, formada por 62,1 millones.

"Nuestra población es mucho más multirracial diversa y multicultural que lo que habíamos medido antes", señaló Nicholas Jones, director de la División de Investigación Racial y Étnica en la agencia.

Del total de la población, el mayor grupo sigue siendo el de los blancos, 235 millones de personas, de los cuales 204,3 se identifican como solo exclusivamente blancos y 31,1 como blancos y de otra raza o etnia.

La minoría más numerosa de la población estadounidense la componen los 62,1 millones de latinos o hispanos. De este grupo disminuyó en una década en un 53,9 % los que se consideran "blancos", y aumentó en 567 % quienes se dicen de "dos o más razas".

La tercera categoría más numerosa de población después de los "blancos" y los "latinos" la componen quienes, ante el cuestionario presentado por el Censo, optaron por identificarse como miembros de "alguna otra raza", una selección a la cual se afiliaron 49,9 millones de personas.

Éste es el grupo de población que ha tenido, porcentualmente, el mayor incremento desde el censo de 2010, con un incremento del 733 %, indicó Jones

La cuarta categoría la componen los negros o afroamericanos, que suman 46,9 millones de los cuales 41,1 millones se identifican exclusivamente con esa raza.

La quinta categoría la forman quienes se identifican con dos o más razas, y que suman 33,8 millones de personas.

En su índice de diversidad racial y étnica, la Oficina del Censo encontró que los estados con la población más diversa son Hawaii y California, seguidos por Nevada, Texas, Maryland, el Distrito de Columbia, Nueva York y Nueva Jersey.

El Censo se realiza en EE.UU. cada diez años por mandato constitucional, y de sus resultados depende la distribución de representaciones políticas de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares en fondos federales para infraestructura, educación, salud, vivienda y servicios sociales.

La Oficina del Censo divulgó sus estadísticas sobre la base del empadronamiento realizado el año pasado en medio de la pandemia de la covid-19.

El censo también tuvo que lidiar con los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump por incluir la pregunta sobre ciudadanía en el formulario de empadronamiento, y por excluir a los inmigrantes indocumentados cuando llegara el momento de distribuir las representaciones políticas de cada estado.

Estos resultados adquieren importancia crucial para los partidos y candidatos políticos que buscan adaptar sus campañas al perfil demográfico de sus votantes y la diputación de cada Estado en el Colegio Electoral. EFE