En El Salvador, con el 68 % de su agua superficial contaminada y donde unas 500.000 personas (de más de 6 millones de habitantes) no tienen agua potable, el Congreso pretende aprobar una polémica ley que buscaría garantizar el derecho de acceso al líquido, pero que es rechazada por comunidades rurales y organizaciones ambientalistas.

Durante años, los habitantes de la zona rural del país y organizaciones de la sociedad civil han insistido en una ley que proteja el recurso hídrico y permita su acceso a las comunidades que históricamente han sido afectadas por la falta de agua potable. Sin embargo, advierten que la ley que se prevé apruebe la Asamblea Legislativa no solventará las deudas históricas y consideran que da prioridad a las empresas que explotan el recurso.

La problemática de la falta de agua en El Salvador se da más en las comunidades populosas y en lo rural, donde las personas tienen que comprar barriles de agua para subsistir o acarrearla de ríos, muchos de estos con altos niveles de contaminación.

A pesar de que el país cuenta con una buena oferta hídrica (11 regiones hidrográficas), la falta de protección de cuencas, la mala distribución y la ausencia de una legislación ha producido que el país padezca estrés hídrico, lo que hace que la demanda sea más alta que el agua disponible.

El ambientalista Luis González dijo que, según el índice de calidad de agua de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), apenas el 14 % del agua “no contaminada” tiene una calidad “buena” para el consumo humano, mientras que el resto está en niveles “de regular a pésimo” y no existen registros con calidad “excelente”.

Indicó que El Salvador “tiene una degradación de sus cuencas hidrográficas a nivel superior en Centroamérica”. “Somos el país más deforestado de la región, con menos acceso al agua en la región y con más contaminación del agua”, subrayó el miembro de la organización no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Para el 2017 se estimaba que el 8,7 % de la población salvadoreña no tenía acceso alguno a agua potable, según la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), lo que representaba a 547.542 personas, la mayoría residentes en las zonas rurales.

La cifra de habitantes en la nación para el 2017 era de 6´293.594 de personas, de acuerdo con estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía.

En la actualidad se desconoce si dicho porcentaje aumentó o disminuyó, pero en caso de mantenerse, la población sin agua ascendería a 550.346 habitantes de los 6’325.827 de residentes en el país, con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados.

Por otra parte, la cobertura a nivel nacional que da la ANDA para abastecer del vital líquido a la población ronda entre un 76 % y 95,8 % en la zona urbana y un 41,9 % en la zona rural, de acuerdo con un informe de junio de 2020 a mayo de 2021.

El Gobierno de Nayib Bukele, a través del Ministerio de Medio Ambiente, presentó a mediados de junio pasado el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos, con el que se busca terminar con la problemática del acceso al agua en dicho país. Esta norma está aún en debate.