En Ituango, la paz se viste de utopía. La violencia se enquistó hace más de cuatro décadas en las bellísimas montañas de este pueblo rural del departamento colombiano de Antioquia, donde la firma del acuerdo con las FARC nunca dio fruto y la construcción de una gigantesca hidroeléctrica no apacigua la desesperanza.

María Victoria Zapata, quien lleva 20 años como rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina de Ituango, advierte: “Por acá no ha empezado a transitar el posconflicto”, y lamenta que allí continúen “en guerra”. Para ella, los homicidios siguen ‘campantes’ en esa región donde actualmente 160 niños están sin acceso a la educación porque los docentes no pueden llegar. “Algunos fueron amenazados”, cuenta.

A Zapata, que le ha visto varias veces la cara al conflicto, la atormenta que los grupos armados se hayan “nutrido con nuestros estudiantes” por la ausencia de una universidad: “La guerra ha sido una opción muy clara” para ellos.

Lidió en las aulas con actores armados, de una manera ‘muy dolorosa’ y ‘fuerte’ con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando en 2005 quemaron el manual de convivencia del colegio y la obligaron a leer las “nuevas reglas”, que no eran otras que su doctrina.

“Lloraba yo y los chicos porque era aterrador. Fue una humillación”, dice Zapata, quien recuerda la vez que en unos exámenes los estudiantes estaban tirados en el piso boca abajo porque “las balas atravesaban”.

A Ituango su ubicación geográfica lo condenó, pues los grupos armados ilegales que se disputan el control de un corredor en el Nudo del Paramillo, puerta de entrada al sur del departamento de Córdoba y a las regiones del Bajo Cauca y Urabá, lo utilizan para actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. El propio alcalde, Mauricio Mira, lo reconoce como “uno de los municipios más violentos de Colombia”.

“Todos los días nos desplazan campesinos, todos los días matan jóvenes y líderes sociales en el municipio, pero no pasa nada”, le dijo Mira al presidente colombiano Gustavo Petro, durante un acto organizado en Ituango por la Comisión de Paz del Senado, que se ha propuesto visitar los 60 municipios más golpeados por el conflicto colombiano.

Uno de los recuerdos más dolorosos de esta población es la masacre de El Aro, perpetrada por paramilitares entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en ese caserío, donde asesinaron a 17 campesinos. Tras la firma del acuerdo de paz, la ilusión de convertir a Ituango en un ‘laboratorio de paz’ se diluyó muy pronto. La presencia de nuevos grupos armados ilegales trajo otra vez oscuridad a ese poblado.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseguró que Ituango es “el segundo municipio con más firmantes de paz asesinados desde el 2016”. Pero no son los únicos que corren peligro, sigue la violencia.

Otro dolor de cabeza es la central hidroeléctrica Hidroituango, una enorme obra que este año empezará a funcionar para cubrir cerca del 20 % de la demanda eléctrica del país después de haber entrado en emergencia en 2018 por problemas técnicos.