La ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Marcela Ríos, llamó este lunes 5 de diciembre de 2022  a "cuidar la Fiscalía de Chile" tras la fallida elección en el Senado de la propuesta de Gobierno para ocupar la cabeza del Ministerio Público.

"El Ministerio Público es una institución clave del sistema de justicia, es una institución clave de la democracia y es responsabilidad de todas las autoridades, de todas las instituciones, poder colaborar para llevar a puerto este proceso de nominación", afirmó la secretaria de Estado.

Las declaraciones de la ministra llegan luego de que José Morales, abogado que no resultó electo para la posición, dijera en una entrevista que en su contra se desplegó una "guerra sucia y descarada".

"Espero que en esa guerra sucia y descarada no se hayan ocupado ni recursos públicos, ni información reservada, ni funcionarios públicos que hayan ocupado sus tiempos de trabajo para participar en esas campañas. No tengo antecedentes de eso por ahora, y si los llego a tener, voy a hacer las denuncias que corresponden", acusó en un medio local.

Durante las últimas horas, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, planteó la necesidad de "rediseñar el mecanismo de elección" para incorporar participación ciudadana y aumentar los requisitos para los candidatos.

"Nosotros proponemos, primero, que la Corte Suprema no participe. Esto no tiene que ver con la Corte Suprema actual o la pasada; es simplemente porque entendemos que la Corte Suprema no puede ser parte del proceso de elección de una de las partes o intervinientes del proceso penal", apuntó.

"Nos parece disfuncional que la Corte Suprema nombre a la máxima autoridad de una de las partes. Es como que se meta a nombrar también al defensor nacional", agregó Bravo.

El fiscal nacional, cargo que se extiende por un periodo de ocho años, es la cabeza del Ministerio Público chileno y dicta las instrucciones generales para el cumplimiento de las diligencias investigativas, además del ejercicio de la acción penal y la protección de testigos y víctimas.