El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró que “se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú“, luego de que la Fiscalía presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso y ordenara allanamientos en la vivienda de varios parlamentarios y de su hermana por un supuesto caso de corrupción.

“Hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado en el Perú”, aseveró Castillo el martes en una conferencia con la prensa extranjera.

El mandatario dio estas declaraciones horas después de que el Ministerio Público anunciara que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión (fraude).

El gobernante, sin embargo, negó “rotundamente” estas acusaciones y rechazó y condenó el trabajo de la Fiscalía, a la que acusó de actuar “políticamente”, luego de ordenar varios allanamientos, uno de ellos en la vivienda de su hermana. “Están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido y no la vamos a hacer porque no hemos venido para eso”, dijo.

Declaró, en este sentido, que la “nueva modalidad de golpe de Estado” en el país andino “utiliza al Ministerio Público” y “hace creer al país” que el presidente “lidera una red criminal”. “Nunca se ha visto en la historia del país que de forma simultánea se allanen domicilios de funcionarios, de congresistas y extrabajadores del Gobierno, haciendo creer con falsas informaciones (...) que estamos enlodados”, indicó.

Castillo aseguró que no va a pedir asilo o abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de “persecución política”.

La fiscal Benavides denunció a su vez una “constante y feroz obstrucción a la justicia” por parte de la supuesta organización criminal que presuntamente lidera Castillo. “Ahora mismo se vive la constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal, aprovechando todo el poder que les da el estar en el Gobierno”, dijo.

La fiscal, quien tiene abiertas otras cinco investigaciones preliminares contra Castillo por supuestamente encabezar una red corrupta en el Ejecutivo, agregó que durante las diligencias realizadas se encontraron “muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno”.

Horas antes la Fiscalía, con el apoyo de un equipo especial de la Policía, allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), y la vivienda de la hermana de Castillo. 

Estos parlamentarios son llamados ‘Los Niños’ por medios locales y la oposición tras una declaración que ofreció en febrero a la Fiscalía la empresaria Karelim López, quien aseguró que coordinan actividades ilícitas dentro del Ejecutivo con Castillo a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno.

Benavides agregó que esta supuesta red corrupta tiene como finalidad “copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas” y que está “presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones”, e integrada por varios ministros, que junto al mandatario están siendo investigados preliminarmente por la Fiscalía.

Desde que asumió el poder en julio de 2021, el jefe de Estado acumula seis investigaciones preliminares de la Fiscalía, cinco de ellas en manos Benavides, quien sostiene que Castillo lidera una organización corrupta en el Gobierno.

LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL IMPLICA  APELAR A UN TRATADO INTERNACIONAL

La Fiscal General de la Nación, Patricia Benavides, dejó en manos del Parlamento, dominado por la oposición, el destino de la acusación contra el mandatario Pedro Castillo. Pero, ¿qué pide exactamente con esta denuncia? ¿Qué pasos seguirá el trámite en el Congreso? 

Estas son las principales claves del caso: La denuncia, de 375 páginas, imputa al jefe de Estado por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión (fraude) y se extiende a dos de sus exministros, Juan Silva y Geiner Alvarado, también investigados en este caso, que salpica el entorno más íntimo del mandatario.

Tras sustentar la supuesta existencia de una presunta banda criminal en el Ejecutivo, el documento dedica sus últimas diez páginas al planteamiento de la fiscal, que pide al Congreso que haga una "interpretación" de las normas del derecho interno con las supranacionales.

La razón es simple: el artículo 117 de la Constitución peruana establece que el presidente del país solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, que no contemplan los delitos de corrupción.

En esa línea, Benavides plantea recurrir al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, alegando que es un tratado vigente de derechos humanos, obligatorio para el Estado peruano.

A los ojos de algunos expertos consultados por EFE, esta estrategia parece un "gesto más político que jurídico para entregar al Congreso la cabeza del presidente" y acusarlo de un delito que la carta magna no permite, en palabras del abogado Carlos Rivera, quien acusa a la fiscal de haber "querido quemar etapas".