Entre sollozos, la concejala aimara Juana Quispe advertía que la iban a matar seis meses antes de que su cuerpo fuera hallado en una quebrada en La Paz, un suceso ocurrido hace una década y que sigue sin castigo, como muchos otros casos, aunque no tan extremos, de acoso y violencia política en Bolivia.

“No me he rendido, tomé fuerzas y dije no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme, estoy dispuesta a morir”, manifestaba Quispe en septiembre de 2011 al contar sobre el acoso que sufrió desde que fue elegida concejala por el municipio de Ancoraimes, en el Altiplano de La Paz.

El caso de Quispe es reconocido como ‘emblemático’ por entidades como la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) o el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pues esta muerte violenta terminó de impulsar la promulgación de la ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política en 2012.

Paradójicamente, hasta ahora la familia de la concejala no ha encontrado justicia y tuvieron que pasar diez años para que finalmente el Ministerio Público presente una acusación por el caso.

Llegar hasta este momento ha sido un ‘viacrucis’ en medio de rechazos, imputaciones defectuosas, objeciones, sobreseimientos y negativas de la Fiscalía a realizar una inspección ocular, una triangulación de llamadas y la reconstrucción del hecho, comentó la abogada de la familia de Quispe, Valkhiria Lira.

Juana Quispe tenía 42 años cuando fue asesinada en 2012 y los principales sospechosos de su muerte son el entonces alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente. Antes de ser concejala, Quispe ya era “un personaje político influyente para su comunidad por toda la labor que hizo para mejorar la realidad social de su entorno”, señaló Lira.

La mujer es recordada por acciones como la donación de parte de su terreno para construir una sede comunitaria o el impulso a un criadero de truchas que todavía funciona.

Esto llevó a que llegase al Legislativo de su municipio en las elecciones subnacionales de 2010, pero su error fue postular con una sigla diferente al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Huanca, pues pese a haber logrado un amplio apoyo en los comicios, pronto empezaron el acoso y la violencia impulsadas por ese alcalde.

Quispe había ganado una acción judicial para que le permitan trabajar, pero como Huanca, Cutili y Ramos la incumplieron, la concejala les demandó penalmente por “desobediencia a órdenes de amparo”, lo que le valió una primera amenaza de muerte del alcalde, recordó la jurista.

Aunque las denuncias de acoso de Quispe llegaron a varias instituciones, no se hizo nada por prevenir su muerte y ahora su familia también está amenazada y ven que hay una protección política a los principales sospechosos del suceso. Las tres exautoridades son acusadas de “asesinato con motivos fútiles, bajos y mezquinos”, al considerar que se impidió que Quispe ejerciera sus derechos políticos “por odio de género y político”, indicó Lira. Las trabas siempre estuvieron en la Fiscalía, que rechazó la denuncia y dijo que la concejala fue víctima de un atraco.