El Tribunal Supremo de la India escucha los argumentos finales de las audiencias sobre la legalización de los matrimonios homosexuales en el país, que han enfrentado durante tres semanas las posturas de parejas del mismo sexo con el Gobierno indio, que se opone con rotundidad a este tipo de enlaces.

El juicio, que comenzó el pasado 18 de abril y estaba previsto que concluyese este miércoles 10 de mayo de 2023, tiene lugar cinco años después de que este país asiático aboliese una ley británica con más de 150 años de antigüedad que castigaba los actos "contra natura" y criminalizaba con penas de cárcel las relaciones entre personas del mismo sexo.

Los jueces decidieron hoy 10 de mayo dar un día más para que las partes concluyan con los apuntes finales y decidir lo que sería un dictamen histórico.

La decisión final, a cargo de un banco de cinco jueces entre los que figura el presidente del Supremo, D.Y. Chandrachud, no se espera que se produzca hasta julio o agosto, una vez concluya el receso de junio del máximo órgano judicial.

"Somos cautelosamente optimistas. Porque obviamente creemos en nuestro caso. Creemos que la ley, la sociedad, la cultura, todos han estado evolucionando y creo que este es el momento adecuado para dar el siguiente paso", dijo  uno de los abogados del caso, Utkarsh Saxena, quien al mismo tiempo ejerce como demandante.

La suya es una de las veinte peticiones que escucha actualmente el Supremo para acabar con la ausencia de derechos básicos "que todas las demás parejas heterosexuales dan por sentado" y a los que su pareja y él no tienen acceso.

"No podemos abrir una cuenta bancaria conjunta. No podemos declarar impuestos juntos, no podemos adoptar como pareja. Él no puede estar en mi seguro de salud, ni yo en el suyo...", detalló.

En estas tres semanas de audiencias se ha enfrentado a numerosas objeciones del Gobierno de la India, que ya antes del juicio manifestó su oposición a reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, por no ser comparable con la unión de un hombre y una mujer que ha predominado a lo largo de la historia.

Al margen de esta opinión, el Gobierno indio basa su defensa en que tiene que ser el Parlamento, y no el poder judicial, el que tome una decisión "tan compleja y de profundo impacto social" por no estar capacitado para lidiar con las consecuencias que podrían surgir tras su aprobación.

Un punto de vista que se ha encontrado varias veces de frente con la postura de los jueces, que han proporcionado varios argumentos que sobresalen por su enfoque progresista, rechazando que haya "un concepto absoluto" de hombre o mujer o que la procreación sea inherente al matrimonio, tal y como aseguraba el Gobierno.

"El Gobierno está diciendo que se supone que las leyes las hace el Parlamento y, por lo tanto, no deberían estar en los tribunales, (...) no le estamos pidiendo a la corte que haga ninguna ley, la ley ya existe y se llama Ley especial de Matrimonio", explicó Saxena.

"¿Puede discriminar (la ley) entre unas personas y otras? Esa pregunta el Parlamento no la puede decidir, es una cuestión judicial que el tribunal puede tomar, por eso estamos aquí", agregó.

Las peticiones de las parejas van todas encaminadas a modificar esta ley, de carácter secular, y que no tiene nada que ver con las leyes de matrimonio hindú, musulmán o cristiano, lo que según Saxena desdice la posición del Gobierno de que el matrimonio homosexual va contra la religión y la cultura.

Además del Gobierno, que cedió a establecer un comité para otorgar ciertos derechos legales a las parejas del mismo sexo, aunque sin reconocer su matrimonio, el estado noroccidental de Rajasthan también se opuso a su legalización, mientras que otros seis pidieron más tiempo para considerar su postura, según informó en su penúltima audiencia el Ejecutivo al banco de jueces.

En caso de que el Supremo falle a favor de los peticionarios, la India entrará a formar parte de una reducida lista de menos de 35 países que reconocen la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Un avance social que le situaría a la par de otros Estados a la vanguardia de la defensa de los derechos LGTBI y que tardaron más tiempo en cuestionarse este tema, aunque Saxena reconoce que en este caso "la ley va por delante de la sociedad", por lo cree que su reconocimiento legal creará fricción en la sociedad.

"Pero al menos habrá una conversación y el estigma de la ley desaparecerá. La gente se sentirá más cómoda saliendo del armario y casándose, teniendo familia e hijos. El resto de la sociedad verá que estas familias son como cualquier otra y quizás retiren sus críticas", sentenció el abogado