Cierre de Gobierno en EE. UU.: implicancias de un conflicto político sin precedentes

Washington enfrenta nuevamente el fantasma de un cierre federal, un escenario que, aunque no es nuevo en la política estadounidense, adquiere hoy una dimensión sin precedentes por la magnitud de la polarización y las consecuencias económicas en juego.

El Congreso tiene hasta el martes 1 de octubre de 2025 para aprobar un presupuesto que evite la paralización del gobierno por falta de fondos. Si no se alcanza un acuerdo, cientos de miles de empleados públicos serán enviados a casa sin sueldo, los pagos de seguridad social se verán retrasados y servicios esenciales como el control aéreo sufrirán graves afectaciones.

La administración de Donald Trump, que ha advertido sobre despidos masivos, presiona a los legisladores a aprobar un plan temporal que financie al gobierno hasta finales de noviembre. Sin embargo, los demócratas insisten en restituir recortes multimillonarios en salud y programas sociales, lo que ha trabado las negociaciones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró en Fox News que Trump está “abierto al diálogo” y busca un acuerdo “de buena fe”. No obstante, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respondió en NBC que se requieren “negociaciones serias” para alcanzar un consenso que atienda las necesidades de la población en materia de salud, seguridad y economía.

Un problema con antecedentes

Los cierres de gobierno -conocidos como shutdowns- han sido una herramienta recurrente de presión política en Estados Unidos desde finales de la década de 1970, cuando una interpretación de la Ley Antideficiencia obligó a suspender gran parte de la actividad federal en ausencia de un presupuesto aprobado. Desde entonces, se han producido más de una veintena de cierres, algunos de corta duración y otros con impactos históricos.

El más largo ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el desacuerdo sobre el financiamiento del muro fronterizo con México mantuvo al gobierno paralizado durante 35 días. Ese episodio costó a la economía estadounidense más de 11.000 millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), y puso de manifiesto el alto precio de la parálisis política.

Otros cierres notables incluyen el de 1995-96, bajo la presidencia de Bill Clinton, cuando un enfrentamiento con los republicanos liderados por Newt Gingrich resultó en una suspensión de 21 días. Aquella crisis consolidó la figura de Clinton pero dejó cicatrices en la confianza pública hacia el Congreso.

Un pulso con consecuencias globales

La coyuntura actual se distingue porque los republicanos controlan ambas cámaras, pero aún así necesitan de al menos siete votos demócratas en el Senado para aprobar un presupuesto. Esa correlación de fuerzas ha convertido el pulso fiscal en una verdadera batalla de resistencia partidista.

Un “shutdown” prolongado no solo impactaría a los trabajadores federales y a los servicios públicos, sino que también podría minar la confianza en la capacidad del sistema político estadounidense para gestionar sus propias finanzas. Analistas advierten que un cierre ahora podría afectar la calificación crediticia del país y generar turbulencias en los mercados internacionales.

En un Washington más dividido que nunca, lo que está en juego trasciende lo inmediato: se trata de la credibilidad de las instituciones y de la viabilidad del diálogo político en la primera economía del mundo.

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