La poderosa minería chilena, la principal industria del país, ha destruido durante décadas glaciares, contaminado agua con metales pesados o inundado de tóxicos el aire en las denominadas ‘zonas de sacrificio’, una cruda realidad que podría cambiar pronto con la nueva Constitución.

La propuesta de ley fundamental propone por primera vez cortapisas a esta poderosa industria, que supone el 10 % del PIB del país. El texto apunta a caminar hacia una economía verde y busca frenar a la actual minería extractivista, que echó raíces durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) amparada en la actual Constitución, de corte neoliberal.

El entonces ministro de Minería del régimen, José Piñera, decía que el Código de Minería y la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras garantizaban el “acceso libre” y la “seguridad judicial” a los inversores privados, con otorgamientos a perpetuidad y sin límite de profundidad.

Esto, según la constituyente ambientalista Carolina Vilches, sentó las bases de un modelo “extractivista” y desembocó en verdaderas “atrocidades” ambientales.

En las últimas décadas, una veintena de faenas perjudicaron más de 3,3 kilómetros de glaciares, como el polémico proyecto Pascua Lama de Barrick Gold o la mina Los Bronces de Anglo American, amenazando estas valiosas reservas de agua en un país que lleva más de una década en situación de sequía.

“La nueva Constitución trata de revertir este ecocidio y busca que Chile camine hacia un modelo sostenible donde la industria sea compatible con el desarrollo social”, detalló Vilches.

En tres escuetos artículos, el proyecto constituyente establece que “los glaciares y áreas protegidas” quedan excluidos de la actividad minera; que esta industria deberá tener en consideración “la protección ambiental y social”, y que el Estado deberá regular sus impactos, pudiendo llegar a cerrar o paralizar las faenas.

Fuera del texto quedaron artículos que hacían temblar a las grandes compañías mineras, como la nacionalización de todo el cobre, del que Chile es principal productor mundial, o del litio, conocido como el ‘oro blanco’ por su uso en electromovilidad.

Al no obtener el respaldo de dos tercios de los constituyentes, estos y otros temas, como la consagración constitucional de una regalía minera, podrían pasar a ser materia de ley.

Para Gustavo Lagos, economista de la Universidad Católica y miembro del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), la nueva Carta Magna “deja una puerta abierta e invita a la nacionalización de los minerales a través de las leyes”.

“Dejar a merced del Parlamento el futuro de la minería no da garantías a los inversores privados y podría alejar un importante capital”, dijo el experto.

El cobre, principal riqueza y exportación chilena, se encuentra nacionalizado en un 30 % a través de la estatal Codelco, que produce un décimo del metal rojo del mundo y es la piedra angular del mapa económico del país.

Desde los directorios de las mineras también ven con ojos escépticos la propuesta y señalan que “no da certezas jurídicas” a una actividad que “necesita de una gran estabilidad por sus plazos operativos”, explicó el presidente de la Cámara Minera, Miguel Zauschkevich.

“El país no se puede permitir tanta incertidumbre en su actividad económica más importante”, lamentó.

Los trabajadores del gremio, en cambio, ven ‘esenciales’ las aportaciones de la propuesta constituyente y las interpretan como una forma de “actualizar la minería a las necesidades del siglo XXI”, señaló Felipe Román, presidente de la Federación Minera, que agrupa a los principales sindicatos de la minería privada.

“Existe una minoría que se ha dedicado a extender rumores sobre los efectos apocalípticos que va a tener la Constitución sobre nuestra actividad -dijo- pero el borrador solo apunta a consolidar una industria más moderna y comprometida”.

“Vivimos una situación ambiental muy preocupante, especialmente en materia de escasez hídrica y la minería también tiene que hacer las cosas bien”, concluyó.

El presidente chileno, Gabriel Boric, pidió el pasado 30 de junio “combatir” las noticias falsas sobre el proyecto de nueva Constitución, que se presentará a la ciudadanía mañana y sobre el que sobrevuela una gran campaña de desinformación.

 “No crean todas las mentiras que muchas veces se difunden de manera maliciosa por redes sociales”, agregó el mandatario progresista, impulsor del proceso constituyente durante su labor como diputado, antes de asumir la Presidencia el pasado marzo. 

El próximo lunes y después de un año de trabajo, la convención que redacta la nueva Carta Magna presentará el texto a la ciudadanía, que tendrá hasta el 4 de septiembre para decidir si lo aprueba o rechaza en un plebiscito de salida. 

El proceso arrancó en octubre de 2020 con un alto respaldo ciudadano y entre enormes expectativas, pero en los últimos meses se ha ido desinflando debido a las luchas internas, debates y una continua campaña de desprestigio lanzada desde ciertos sectores conservadores, según varios expertos.