La Corte Suprema de Brasil continuó este miércoles 20 de septiembre el juicio sobre el derecho de los indígenas a las tierras que han ocupado históricamente y se inclina a reconocerlo, aunque también se propone establecer normas para aplicar esa garantía.

Cinco de los once magistrados ya se han pronunciado en contra del llamado "marco temporal", que propone limitar esos derechos a las tierras que los indígenas ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.

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Otros dos han respaldado esa tesis, que los indígenas consideran inconstitucional pues no reconoce sus derechos sobre tierras que habitaron históricamente, muchos antes de 1988, y de las que, en muchos casos, fueron expulsados violentamente por colonos.

Aún cuando cinco de los jueces reconocieron el derecho histórico de los pueblos originarios, persisten algunas diferencias sobre cómo aplicarlos, sobre todo en tierras ocupadas desde hace décadas por colonos, en algunos casos legalmente.

Muchos de ellos, hoy hacendados, pagaron por esas tierras, incluso a administraciones regionales o municipales, que las vendieron al amparo de muchas lagunas legales que existían sobre esa cuestión antes de la Constitución de 1988, según admitieron los propios magistrados.

Una fórmula intermedia para solucionar las discordias, propuesta por el juez Alexandre de Moraes, sugiere que, en esos casos, los ocupantes de tierras reclamadas por indígenas las abandonen y sean indemnizados, o que los pueblos originarios sean compensados con otras áreas, de extensiones equivalentes.

Esa salida, sin embargo, no se aplicaría a aquellos colonos que las hayan ocupado en forma violenta y expulsado a los indígenas, en cuyo caso serían desalojados sin indemnización alguna.

Las audiencias continuarán este jueves, cuando deberán votar los cuatro magistrados que aún no se han pronunciado, aunque ya han dado a entender que reconocen los derechos históricos de los indígenas.

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Al mismo tiempo, una comisión del Senado discute un proyecto de ley que propone reconocer el "marco temporal", tesis defendida por los grupos políticos más conservadores y apoyada por los poderosos empresarios del campo, pero contraria a lo que debate el Supremo.

Según datos oficiales, los indígenas ocupan cerca del 14 % del territorio nacional, representado por unas 500 áreas ya delimitadas, a las que se pudieran sumar otras 200 que son analizadas por las instituciones del Estado.

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