La Asamblea General de la ONU ha decidido establecer un órgano independiente para determinar el paradero de miles de personas desaparecidas en Siria, en una votación que ha reflejado el nuevo apoyo árabe a Damasco y que supone un espaldarazo histórico a los derechos humanos en el país.

Se estima que entre 100.000 y 150.000 personas permanecen desaparecidas en el país tras doce años de conflicto, muchas de ellas víctimas de desaparición forzosa por parte de los aparatos de seguridad leales al presidente sirio, Bachar al Asad, y en menor medida por parte de otros actores del conflicto.

Como era de esperar, el Gobierno sirio calificó de "flagrante injerencia" la decisión de las Naciones Unidas, donde sus principales aliados Rusia e Irán estuvieron entre los once países que votaron en contra, y sus nuevos amigos árabes se unieron a la lista de 62 abstenciones.

Estas son algunas claves para entender la importancia de la iniciativa y el rechazo de Damasco a la misma: Buena parte de los desaparecidos fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades sirias al inicio de las revueltas populares desatadas contra Al Asad en marzo de 2011 o en campañas masivas de arresto orquestadas por motivos políticos durante los primeros años de la guerra.

En un exhaustivo informe publicado con motivo del décimo aniversario del conflicto en 2021, la comisión de investigación de la ONU sobre Siria confirmó que "decenas de miles" de personas seguían "en situación de desaparición forzada" y denunció torturas u otros abusos graves contra los detenidos por parte de los diversos actores.

"Las violaciones y los abusos se han perpetrado con tal constancia, especialmente por parte del Gobierno de la República Árabe Siria (...), que es imposible afirmar que se han cometido sin el conocimiento de las cadenas de mando correspondientes", rezaba el texto.

La organización Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR, en inglés) estima que casi el 70 % de las personas detenidas en el país desde 2011 son casos de desaparición forzosa, "ya que el régimen sirio nunca ha informado a sus familias de su paradero".

Pese a las continuas denuncias de las ONG contra estas y otras presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto, ningún proceso de rendición de cuentas ha tomado forma a nivel nacional, dado que el poder continúa en manos de los mismos líderes de corte dictatorial desde 2011.

En los últimos años, Damasco ha anunciado algunas amnistías para prisioneros o desertores del Ejército, y ha emitido leyes contra lacras como la tortura, medidas mayoritariamente consideradas como una farsa y que no han impedido la continuación de los presuntos abusos.

En su último informe publicado el pasado febrero, la comisión de la ONU vio "motivos razonables para creer que el Gobierno siguió cometiendo actos de asesinato, tortura y malos tratos contra personas detenidas, lo que incluye prácticas que causaron la muerte durante la detención, así como encarcelamientos arbitrarios y desapariciones forzadas".