Las multas para los gobiernos locales crecen en el proyecto de ley
No solo nos preocupa la superintendencia, sino el control y sanción a la construcciones.Dora Ordóñez, Concejal de Cuenca
Sanciones. Ese es un capítulo importante en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional está empeñada en elaborar el informe para segundo debate de ese proyecto frente a la coyuntura del terremoto.
La iniciativa, que ya pasó el primer debate y ha esperado un año para esta discusión, prevé infracciones leves, graves y muy graves para los gobiernos locales que incumplan con las disposiciones. “Hay diferentes infracciones: las que cometen los propietarios y sancionan los municipios. También las de los gobiernos locales. Hay que planificar bien, respetar normas, seguir procedimientos para evitar riesgos”, explicó a este Diario el presidente de la comisión, Richard Calderón.
Por ejemplo, las sanciones leves para los municipios, por aprobar o ejecutar planes urbanísticos y obras de urbanización que incumplan los estándares, van desde una multa del 10 % del salario básico unificado hasta lo equivalente a 20 salarios.
Las infracciones graves para los gobiernos locales por poner en riesgo la seguridad de las personas van de 20 remuneraciones unificadas a 50. En cambio, las infracciones muy graves para los municipios por, un ejemplo, incumplir la normativa sobre construcción y poner en peligro la integridad física de las personas incluyen multas de 50 a 100 salarios unificados, señala el proyecto.
Además, hay un capítulo sobre la habilitación del suelo para edificar. Es obligatorio el planeamiento urbanístico y los instrumentos de gestión del suelo. También establece un plazo de tres años para edificar.
Los propietarios necesitarán un permiso de habitabilidad para ocupar y usar los edificios.
Según el oficialismo, la normativa crea la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, que no adoptará el nombre sugerido por el presidente de la República: Superintendencia de Control de Construcciones.
Esta será una entidad técnica de vigilancia y control, con capacidad para sancionar a los gobiernos locales que incumplan con las disposiciones de la ley. Tendrá 12 funciones.
“Pedimos a la comisión que respeten los trabajos de los arquitectos independientes y no haya novelerías políticas. Hay problemas de corrupción para la aprobación de proyectos, pues hemos pasado de 1.400 a 300 proyectos”, explicó a este Diario el representante de los arquitectos independientes, Galo Andrade. CMP
