Muerte cruzada o vivir de rodillas

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Muerte cruzada o vivir de rodillas

Es una salida incierta y arriesgada pero, desde la perspectiva del gobierno, aun eso es mejor que lo que tiene ahora

FISCALIZACION
Montoneros. Viernes 18 de marzo: 25 correístas ejercen presión física sobre la mesa de Fiscalización para cambiar el calendario de juicios políticos.CORTESIA

Son insólitos. Por la mañana, contrariando el criterio jurídico del procurador, votaron a favor de derogar la ley tributaria: que están en contra de subir impuestos, dijeron. Por la tarde, llamados a debatir, por encargo de la Corte Constitucional, sobre cómo financiar el aumento salarial a los maestros contemplado en sus reformas a la ley de educación, no encontraron nada mejor que echar mano de ese mismo aumento de impuestos que tanto les disgustaba en la mañana: que de ahí saldrá parte de la plata, anunció el presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina, y a todo el mundo le pareció muy bien. En otras palabras: con la ley que van a derogar justifican la ley que no saben cómo financiar. Es de locos: 104 votaron en contra de la primera; tres días después, 113 (incluidos los mismísimos 104 de antes) votaron a favor de la segunda.

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¿Qué hacer ante esto? Un país puede aprender a lidiar con el cinismo y las mentiras de sus políticos. Pasa hasta en las más estables democracias del planeta. ¿Pero cómo procesar la absoluta irracionalidad del discurso público? Con todo lo grave que resulta la falta de ética de las élites políticas, se puede confiar en que una institucionalidad sólida sea capaz de encontrar la solución a ese tipo de problemas: para eso ha sido diseñado el sistema de pesos y contrapesos; para eso existen los aparatos de justicia independientes, por ejemplo. ¿Pero puede una democracia sobrevivir a la falta de lógica de quienes están llamados a administrarla?

El uso público de la razón es el criterio fundamental de la política moderna. Se sustenta en la creencia de que la razón es el único espacio en el cual son posibles los acuerdos en las sociedades complejas porque solo ella ofrece un conjunto de reglas aceptables para todos. Al ejercer una irracionalidad voluntaria, estratégica y desafiante, la Asamblea Nacional está enviando al país en general y al gobierno en particular el clarísimo mensaje de que no es posible acuerdo alguno. Derogar la ley tributaria pero usarla, al mismo tiempo, para dizque financiar lo infinanciable es, obviamente, una estupidez, pero no una cualquiera: es una estupidez con objetivo político. Se trata de que el presidente de la República no pueda gobernar. Punto. Aunque el país se vaya al carajo.

Pie de guerra. Al ejercer la estratégica y desafiante irracionalidad, la Asamblea Nacional está enviando un mensaje claro al país y al gobierno: el mensaje de que no hay acuerdos posibles.

El guion de lo que se viene está ya escrito. Esta semana empezó a tratarse en la Asamblea, en calidad de proyecto económico urgente, una ley de inversiones enviada por el Ejecutivo. Pues bien: esa ley no tiene la más remota posibilidad de ser aprobada por el Pleno y eso quedó perfectamente claro en el primer debate. Paralelamente, en Carondelet, empezaron los diálogos con distintos sectores de la sociedad civil con el fin de construir un cuerpo de nuevas leyes en materia de trabajo; nuevas leyes que tampoco tienen la más remota posibilidad de ser aprobadas por el Pleno.

Incluso en un tema sobre el cual cabría esperar un mínimo nivel de consenso, como es el problema de la inseguridad, la política carcelaria y la lucha contra el narcotráfico, la Asamblea ha decidido bloquear cualquier posibilidad de acuerdo con el Ejecutivo: la ley de seguridad enviada por el presidente ha sido ya descuajeringada y pospuesta para las calendas griegas en la comisión parlamentaria respectiva y no tiene, tampoco ella, ni la más remota posibilidad de ser aprobada por el Pleno. Está listo para el primer debate un proyecto de ley sobre el uso progresivo de la fuerza que, de hecho, torpedea los puntos fundamentales de la propuesta presidencial. Mientras tanto, los asambleístas no paran de despotricar contra la inactividad del gobierno en materia de seguridad.

Cercado por una Asamblea que plantea el desafío de la irracionalidad y resulta, por tanto, intratable, al presidente parecen habérsele acabado las opciones, salvo por aquella de la que se habla cada vez con mayor insistencia. La muerte cruzada es una salida dramática y de resultados inciertos, pero no se ve en el horizonte otra manera de detener lo que en las actuales circunstancias resulta inevitable: el asalto de los organismos de control por parte de un conjunto de fuerzas políticas de oposición unidas por un proyecto de impunidad, y el consecuente secuestro definitivo del gobierno.

El episodio de este viernes en la Comisión de Fiscalización demuestra la determinación de los conspiradores: una veintena de asambleístas de las filas del correísmo se presentaron para ejercer una presión física en la sesión convocada para iniciar el trámite del juicio político al contralor. Demandan que se altere el orden de los juicios políticos pendientes (uno contra el Consejo Nacional Electoral y otro contra el Consejo de la Judicatura) para adelantar el que más les interesa: el juicio político contra los cuatro miembros del CPCCS que ellos no controlan. Si algo caracteriza a la irracionalidad es su absoluta indiferencia por las formas. En este caso, correístas, socialcristianos y disidentes de Pachakutik hace rato que dejaron de disimular sus intenciones. Es claro que no les interesa destituir a los funcionarios que ellos mismos, con exceso de retórica y aspavientos, caracterizaron como corruptos, mientras no controlen el mecanismo que les permita sustituirlos por los suyos propios (sus propios corruptos, se entiende), es decir: el CPCCS. Con ese organismo en su poder y la mayoría en la Asamblea, el presidente se verá reducido a la condición de rehén de los conspiradores.

El candidato. ¿Tiene Guillermo Lasso posibilidades de ganar otra vez? Quizás sí, mientras no continúe bombardeando al electorado que le dio el triunfo en la segunda vuelta.

De ahí se desprende la primera gran virtud de la muerte cruzada desde la perspectiva del gobierno: en el instante en que el presidente la decrete y la Asamblea quede clausurada, el poder de personajes como Rafael Correa y Jaime Nebot se verá reducido a cero. ¿Qué pueden hacer ellos sin sus bancadas parlamentarias? Chillar. Tuitear. Saltar. Guillermo Lasso, en cambio, dispondrá de algunos meses, hasta que se celebren las nuevas elecciones, para aprobar por decreto todas aquellas reformas que la Asamblea impediría. Otras, las relativas a las reglas del juego electoral y las que implican cambiar la Constitución (la desaparición del CPCCS, por ejemplo), pueden ser incluidas en una consulta popular simultánea a las elecciones.

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Queda una pregunta evidente: ¿tiene el presidente alguna posibilidad de ganar las elecciones? Probablemente sí, mientras no continúe bombardeando a su propio electorado, es decir, a los ciudadanos que le dieron la victoria en la segunda vuelta tras su estrepitoso fracaso en la primera, y que abrigaban una razonable expectativa (porque así se lo hizo creer Lasso) de tener un presidente respetuoso del Estado laico que no pusiera obstáculos a los derechos de las minorías. Por lo demás, el solo hecho de cerrar una Asamblea desprestigiada, de dudosas credenciales éticas e integrada por un alto porcentaje de analfabetos funcionales, en suma, la peor desde el retorno de la democracia, lo cual es mucho decir; el mérito de cerrar esa Asamblea que no sirve para nada otorgará al candidato Lasso una ventaja inapreciable en el tablero electoral para disputar la presidencia… ¿con quién? ¿Con Marcela Aguiñaga y su rabo de paja del tamaño del parque Samanes? ¿Con algún socialcristiano que supere el 6 por ciento de intención de voto que alcanzó el partido en los comicios pasados? ¿Quién es ese? ¿Con Yaku Pérez y Xavier Hervas, desaparecidos del mapa? Si se piensa bien, las cartas de la muerte cruzada sonríen a Guillermo Lasso. El panorama es incierto y arriesgado, por supuesto, pero nada puede ser peor que lo que tiene ahora. Peor que esto, imposible.

Artículo 148

El artículo 148 de la Constitución establece la posibilidad de que el presidente de la República decrete la muerte cruzada “si de forma reiterada e injustificada (la Asamblea) obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política”. Estas causales no tienen que ser calificadas por la Corte Constitucional. Hasta la instalación de la nueva Asamblea, el presidente “podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica”.