La intención es buena pero, a decir del presidente de la República, Lenín Moreno, el camino es incorrecto. El jueves previo al feriado de cuatro días, el primer mandatario envió el veto parcial a la ley de Registro de violadores. En sus principales conclusiones se determina que crear un registro contra quienes cometieron delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es “inconstitucional”.

En un documento de siete páginas, Moreno y su equipo jurídico aseguran que crear un registro de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores para que las entidades públicas y privadas puedan acceder a esa información y prohibir que su contratación es un atentado a las normas ecuatorianas y a los acuerdos internacionales. Es un ejercicio de discriminación que está observado por convenios de organismos multilaterales.

El número 1 del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los principales puntos en los que se ampara el veto. Según dice “toda la persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración sin distinción alguna”.

Como ese inciso, hay similares en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y hasta la Constitución de la República aprobada en 2008. “Nadie podrá ser discriminado por razones de pasado judicial”, versa el artículo 11 de la Carta Magna del Estado.

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Ante eso, Moreno asegura que dar paso al registro planteado por la Asamblea significaría un trato discriminatorio a un segmento de la población. Como alternativa se plantea vetar la creación de una ‘lista de infractores’ y se propone crear una ampliación en el Código Orgánico Integral Penal para sancionar con la inhabilidad para trabajar cerca de menores a quienes hayan sido sentenciados por delitos sexuales. En la práctica, asegura el texto firmado por el primer mandatario, se consigue un resultado similar pero sin ir en contra de las normativas internacionales.

La noticia no cayó bien dentro de la Asamblea Nacional. El registro contó con el respaldo mayoritario de los legisladores que ven con buenos ojos la sanción adicional.

Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, planteó el proyecto de ley y critica la postura de Moreno y su equipo. Para ella, según dijo a EXPRESO, la principal responsable es la ministra de Gobierno, María Paula Romo, porque ya ha tenido actuaciones cuestionables en este tema.

El veto

Nombre

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El veto parcial del Ejecutivo, difundido el jueves, no solo modifica la creación de un registro de sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad. También cambia el nombre del texto para aclarar que la propuesta es un cambio al Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente.

El proyecto

Una ley de pocos artículos

El proyecto impulsado por la asambleísta independiente, Lourdes Cuesta, tiene 10 artículos que buscaban transparentar la información de ciudadanos sentenciados por la violación o agresión sexual de menores de edad. Ellos no podrían trabajar en centros infantiles de ningún tipo.

Educación

La situación del menor

Según datos oficiales del Ministerio de Educación, desde 2014 y hasta febrero del 2019 hubo 6.736 denuncias de violencia sexual en contra de menores de edad. El tema ha sido motivo de debate por diversas iniciativas en la Asamblea.

Las opiniones

La intención era buena

El presidente de la República, Lenín Moreno, inicia su veto parcial aclarando que la propuesta del Legislativo tiene una buena intención detrás. Sin embargo, asegura inmediatamente, el mecanismo usado tiene errores legales.

“No me sorprende”

La asambleísta independiente Lourdes Cuesta asegura que lo determinado por el Ejecutivo es escandaloso, pero no le sorprende. Ella cree que el Gobierno y sus integrantes ya han fallado a favor de personas peligrosas para los menores antes.