Moreno es una gran duda para la oposicion

Fiscalizar la gestión del exvicepresidente de la República, Lenín Moreno. Esa es una idea que ronda en la cabeza de la oposición. Para algunos legisladores contrarios al Gobierno, que consideran el hombre “intocable” de Alianza PAIS, ha perdido popularidad en el imaginario social.

El precandidato presidencial del movimiento gubernamental está enredado en dos temas nada fáciles: el primero relacionado con su cargo como enviado especial de las Naciones Unidas para los discapacitados. Una función internacional que se financia con recursos estatales, según reconoció el canciller Guillaume Long, a pesar de que Lenín Moreno no es funcionario público.

El segundo es su proyecto del Circo Social –ejecutado durante su paso por la vicepresidencia– que también fue financiado con recursos públicos. De ese ambicioso programa, para insertar a los jóvenes en el mundo del arte y la cultura, solo quedaron las bases estructurales de hierro en Loja, Tena y Cuenca.

Por eso, hay dos pedidos de investigación en la Contraloría General. Fueron presentados por los asambleístas de CREO, Diego Salgado y Raúl Auquilla.

Ambos lideran a la oposición en este tema y esperan probar que “hubo abuso de los fondos públicos”. Niegan, sin embargo, que traten de dañar la imagen de este ecuatoriano que, a los ojos del oficialismo, ha sido un ejemplo para los discapacitados en otros países de la región.

Sus colegas de curul apoyan una fiscalización a Lenín Moreno. René Yandún, legislador del movimiento de Integración Democrática del Carchi, cree que “si hay un mal uso o abuso del dinero público es necesario fiscalizar. El exvicepresidente fue un servidor público, pero sigue recibiendo dinero del Estado al igual que su hija”, dijo a EXPRESO.

Paco Fierro, del Partido Sociedad Patriótica, cree que el precandidato de PAIS tiene que responder a varias interrogantes. “¿Por qué aceptó el cargo de enviado especial de las Naciones Unidas, pero pagado por el Estado ecuatoriano? ¿Por qué su hija también trabaja para el Gobierno, en Ginebra?”.

Lo que aún no tiene claro la oposición es si la fiscalización debería ser antes o después de las elecciones de 2017.

El asambleísta de Avanza, Antonio Posso, es partidario de iniciar antes de los comicios. “Moreno es un candidato y los ciudadanos tienen derecho a conocer por quién votarán”, dijo. Aunque advirtió que tampoco caerán en la trampa del oficialismo. “El grupo de Jorge Glas, el otro postulante del oficialismo, ha tirado dardos sobre su propio candidato”, subrayó.

Otros opositores están molestos por lo que consideran doble imagen de Moreno. Según la socialcristiana María Cristina Kronfle, se muestra como defensor de los discapacitados, pero no se ha pronunciado sobre las leyes tributarias aprobadas en Ecuador que menoscaban los derechos de este sector social. “Cada reforma tributaria disminuye las exoneraciones de impuestos y eso golpea nuestros bolsillos, mientras que Moreno vive muy bien en Ginebra”, se quejó.

Pero, en el grupo opositor hay otros líderes que no comparten la idea de fiscalizar al creador del bono Joaquín Gallegos Lara (un salario básico para quienes cuidan a los discapacitados). Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano-Movimiento Cambio, recordó que el exvicepresidente tiene una de las mejores imágenes políticas.

“La fiscalización a Moreno sería un tiro al aire si no hay pruebas de la Contraloría. También un búmeran contra la oposición. Esto se interpretaría como un artilugio para sacarlo de la contienda electoral”, dijo.