Casi la mitad de empresas del Salado, sin permiso ambiental

Primero reaccionó el alcalde porteño, Jaime Nebot. Sin ofrecer datos concretos, reconoció que todavía hay empresas que arrojan residuos tóxicos al estero Salado. Lo hizo el pasado miércoles, un día después de que la Defensoría del Pueblo anunciara a EXPRESO su intención de investigar a siete sociedades y una ciudadela en el tramo Urdesa-Kennedy, así como de ampliar sus pesquisas a todo el brazo de mar.

Ahora, el Ministerio del Ambiente (MAE), con unas cifras mareantes a vuelapluma, destapa uno de los embrollos que enfangan al Salado: 312 de las 640 compañías radicadas en su cuenca, el 48,75 %, carecen de los permisos ambientales obligatorios que expide el Municipio.

Nelson Alejandro Zambrano, subsecretario de Gestión Marina y Costera del MAE, tiene a su cargo el Proyecto de Recuperación de las Áreas Protegidas de la Ciudad de Guayaquil Estero Salado e Isla Santay (Presis). En una entrevista a este Diario, reveló que sus técnicos detectaron dicha anomalía en 2016, cuando inspeccionaron los negocios de la zona. El norte era el área más degradada. “La contaminación no se ha erradicado. Y menos aún si esas empresas no se encuentran regularizadas y están en el aire ambientalmente hablando. Posiblemente viertan al estero y no sabemos qué”, criticó.

De las 640, solo 322 se habían conectado a la red de alcantarillado. El resto descargaba directamente al Salado. Los especialistas tomaron muestras en 230 sospechosas de cometer prácticas ilegales y, finalmente, abrieron procesos administrativos a 78 (12 ya han recibido multas de entre 20 y 200 salarios básicos). Había algunas que, al no emitir sustancias tóxicas, contaban con el visto bueno de Interagua y podían desfogar en el cauce. “Ahí, el monitoreo debe ser constante”, advirtió Lizet Rendón, gerenta del Presis.

Casi todas las sanciones fueron por verter desechos, aceites, grasas, aguas residuales con niveles excesivos de bacterias fecales y tensoactivos (como detergentes)... “No es solo un tema de esta última administración. Pero quien está a la cabeza, y lleva años, tiene que responder”, enjuició Zambrano.

Aunque este admitió que el MAE “probablemente” haya cometido errores, adujo que los procesos de regularización ambiental corresponden al Cabildo, con el que se reúne cada quince días (representantes del Ministerio de Desarrollo y Vivienda, Emapag-EP e Interagua también asisten a las sesiones): “Le hemos pedido que asuma su rol, que haga controles”.

No obstante, el ministerio, como organismo rector, supervisa los procedimientos. Cuando sus delegados llevan a cabo una inspección, solicitan la documentación ambiental a la compañía (hay tres categorías: licencias para las de mayor afectación, registros para las de nivel medio y certificados para las de menor impacto). Si no la posee, le conceden un plazo a fin de que pueda tramitarla y, a la par, reclaman al Municipio “el estado de regularización”. En el supuesto de que unos y otros incumplan la disposición, establecen una multa para la industria (igualmente de 20 a 200 salarios mínimos). La sanción es “inmediata” cuando, aparte de no tener el permiso, existe una evidencia clara de contaminación.

Y eso concierne al Salado, donde al Municipio le queda abundante trabajo por hacer. “La información (sobre las empresas) se la dimos nosotros a ellos (al MAE), no ellos a nosotros”, rebatió en una primera conversación Bolívar Coloma, director de Medio Ambiente.

Siete horas más tarde, alegó que su área, “a petición del ministerio”, regularizará este año las 312 sociedades. De acuerdo con el catastro, son “oficinas, locales comerciales y de servicio” que, como se sitúan en el escalafón “más bajo” de influencia, requieren “certificados”. No especificó cuántos años llevan operando al margen de la ley.

Y mientras las autoridades ordenan el desbarajuste, muchos conviven con “trastornos digestivos, afecciones visuales” y la pestilencia. Sobre todo después de que, en 2013, el MAE retirase las seis plantas de oxigenación instaladas en distintos puntos como la Kennedy, cuyo comité vecinal presentó una denuncia ante la Defensoría. Zambrano recalcó que la salida de los equipos se debió a un cambio de estrategia de su cartera, que pasó a enfocarse en la vigilancia: “Hasta que no se elimine la fuente principal de contaminación, no tiene mucho sentido mantenerlos”.

El estado del agua

EL OXÍGENO: Las máquinas de superoxigenación mejoraron la calidad del agua en un rango de 40 metros por equipo. Según el MAE, no iban a tener un efecto duradero hasta acabar con las descargas. Su costo, además, era “muy alto” ($ 420.000 anuales la unidad).

EL MERCURIO: Tiempo después de la colocación, la Espol alertó de que los dispositivos, al soltar oxígeno, podían liberar el mercurio hallado en el fondo del Salado. Zambrano señaló que el MAE “tal vez” no tuvo en cuenta esa posibilidad cuando los instaló.

TOXICIDAD: La universidad recomendó elaborar un estudio sobre la toxicidad del mercurio. “Creo que no se hizo. Pero en los análisis realizados, no evidenciamos la liberación de mercurio en el agua”, indicó el subsecretario.

SEDIMENTOS: Debido a ese riesgo latente, el ministerio ha optado por no trabajar con los sedimentos, donde yacen los metales pesados, e intentar mantenerlos estables. “Quizás sea mejor no tocarlos”, agregó Zambrano.

NIVELES ALTOS: Sí se ha confirmado que el amoniaco y el ácido sulfhídrico, un gas muy nocivo, continúan presentes “en algunos tramos”. El MAE reconoció que los niveles detectados por la Espol eran desmesurados.