Los ministros no iran a juicio por los paraisos fiscales
200 millones de dólares en dividendos se pagan a residentes en paraísos fiscales, según el SRI.
El propósito gubernamental ya es proyecto de ley. La consulta popular que determinó que los funcionarios públicos no puedan tener recursos en paraísos fiscales se plasmó en una propuesta de siete artículos y varias sanciones. Hoy, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidirá su trámite. Una posibilidad, según el oficialista Richard Farfán, es que la norma se discuta en la próxima Asamblea porque no es económica urgente.
El texto establece que, hasta el 6 de marzo de 2018, los funcionarios públicos deberán presentar una declaración juramentada a la Contraloría informando que dejaron de tener propiedades en los países considerados paraísos fiscales. No será válida, aclara el documento que califica de “oscuros e inciertos” a los movimientos en esas circunscripciones, la transferencia de los bienes a los “parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.
¿Qué sucederá con quien incumpla? La destitución es la medida inmediata pero no la única. La Asamblea iniciará juicios políticos a los incumplidores, siempre que no sean ministros. Ellos serán cesados de sus funciones por el presidente de la República.
Los líderes de gobiernos seccionales, en cambio, serán destituidos por orden de sus respectivos consejos.
Para el resto de servidores públicos se establecen sumarios administrativos, sanciones adicionales y hasta despido con visto bueno.
El presidente saliente, Rafael Correa, reconoce que la ley está basada en el caso ‘Panama Papers’ que difundió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. JMF
