Mineros regularizados piden auditar a plantas de beneficio
En días pasados EXPRESO presentó una serie re reportajes denunciando el uso ilegal del mercurio en la minería. En la zona minera, al sur del Ecuador, este metal tóxico se puede comprar fácilmente. En el mercado negro se consigue hasta por $ 75 la libra
Una auditoría integral a las plantas de beneficio para tratamiento de minerales exigió a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) el sector minero regularizado que opera en la jurisdicción de Azuay.
Los mineros legales sostienen que los irregulares, que operan en un 80 % en el sector, trabajarían bajo conocimiento de las autoridades sin pagar tributos ni declarar regalías, patentes y obligaciones como el pago de Impuesto a la Renta, utilidades, décimos, aseguramiento de obreros y otros.
Entre las señaladas por los denunciantes consta Expobonanza, por el procesamiento de la producción minera informal proveniente de San Salvador, de las concesiones Milena I y Milena 2.
Eloy Aucay, minero que opera en la zona, señala que los legales trabajan en desventaja y en muchos casos son perseguidos. Esto ocurre incluso bajo conocimiento de las autoridades de control mineras, insiste.
Igual criterio esgrime Mauro Gómez, asentado en el sector hace varios años. Él aclara que existe una “creciente indignación”, considerando que “la informalidad cuenta con mayores garantías que el propio empresario que sí cumple con el pago de tributos y obligaciones determinadas en la Ley de Minería” y su reglamento.
Se suman a los problemas la libre utilización de explosivos y combustible, cuyos puntos de origen y comercialización se desconocen.
Según informes del Banco Central del Ecuador, desde el 2010 al 2014 hubo compañías mineras fantasmas y empresas comercializadoras de similar figura que exportaron toneladas de oro equivalentes a millones de dólares cuyos tributos y obligaciones estatales, laborales y sociales fueron incumplidas.
En San Salvador existen alrededor de cincuenta sociedades que operan en actividades de exploración y explotación minera al margen de la ley y sobre el tema tiene conocimiento la Arcom con sede en Cuenca, según denunció en octubre del año pasado el empresario minero azuayo Vicente Reyes Berrezueta.
La denuncia presentada ante el director nacional de Arcom cita nombres y con documentos a todas las sociedades y sus integrantes asentados en ese sector informal.
