Los 11 soldados de la Brigada de Selva 17 de las Fuerzas Armadas retenidos en Sarayaku (Pastaza) fueron liberados la tarde de este 20 de diciembre. Ricardo Patiño, ministro de Defensa, indicó que el ejército los trasladó a Shell (Pastaza) y se encuentran bien.

La tarde de ayer (19 de diciembre), los militares salieron a sus “días de descanso, cruzaron el río Bobonaza con dirección a Canelos, cuando a la altura de la comunidad de Sarayaku fueron capturados y retenidos ilegal e inconstitucionalmente, pese a estar desarmados”. Así describió el Ministerio de Defensa la situación que se desató este lunes en territorio amazónico.

Sin embargo, Patricia Gualinga, dirigente Sarayaku, explicó que los hombres estuvieron “retenidos, no secuestrados”. La mujer lo sostuvo este 20 de diciembre, aclarando que “no es normal la presencia militar en la zona”. La mañana de este martes, a través de Twitter, se expuso una reunión entre los dirigentes de la comunidad, el Gobierno de Pastaza, la Brigada de Selva 17 y la Confeniae para hallar solución al caso.

Este lunes, desde Esmeraldas, Rafael Correa acusó a la comunidad de “secuestrar” a los 11 soldados por navegar sin el permiso de los indígenas en el río Bobonaza. Gualinga, en cambio, le endosó al Primer Mandatario la responsabilidad de “crear varios frentes, acusando a los pueblos indígenas. Normalmente no transitan (militares) por ese sector, por eso, por seguridad, el pueblo Sarayaku los mantiene ahí, cuando se entra a territorio indígena tiene que haber una coordinación, un previo aviso para no generar alarmas, especialmente con toda la situación de violaciones que está viviendo Morona Santiago”.

La dirigente se refiere al estado de excepción decretado el pasado 14 de diciembre, luego de que un supuesto grupo shuar ataque el campamento La Esperanza, en Morona Santiago, donde opera la minera china EXSA. Dicha incursión dejó un saldo de un muerto y siete heridos. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa reiteró que la militarización de Morona Santiago no representa “ningún riesgo para la comunidad, como han mencionado algunos dirigentes indígenas, todo lo contrario, sus acciones tienen la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y restablecer el orden interno”.