Protesta. Representantes de los gremios, ayer, con el cartel de reclamo.

Hacia un mercado inmobiliario paralelo

El resurgimiento de un mercado ‘negro’ en la compraventa de viviendas sería una de las consecuencias que podría derivarse si se llega a aprobar la Ley de Plusvalía.

Un precio en el papel y otra cantidad en un maletín. El resurgimiento de un mercado ‘negro’ en la compraventa de viviendas sería una de las consecuencias que podría derivarse si se llega a aprobar la Ley de Plusvalía. “La informalidad siempre será negativa y nosotros nunca la vamos a respaldar, pero mire lo que ha pasado con el comercio o con ciertas industrias. Vemos cómo en la industria de licores o del tabaco hay un componente de comercio ilegal o de contrabando sumamente alto. Y todo porque los precios se volvieron exorbitantes”, compara el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Alarcón, ante la pregunta de Diario EXPRESO.

Y lo dice ante un cartel gigante que, a modo de grito mudo, reclama desde el jueves la atención de los ciudadanos, los trabajadores, los medios y de las autoridades contra la Ley de Plusvalía que estudia la Asamblea Nacional. “Mientras se siga tramitando el proyecto, es que no nos están escuchando”, apunta Alarcón.

A su lado, Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y Enrique Pita, titular de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, ratifican su versión. “Los controles de precios siempre degeneran en mercados negros”, responde Arosemena y con eso, prosigue, pierden todos. Incluido el Estado que deja de percibir recursos por las transacciones legales.

El representante del gremio más afectado, el de la construcción, se sorprende de que el Estado, que introduce el mensaje de ganancia legítima e ilegítima, “tenga derecho a algo que “no tiene un origen lícito”, dice Pita en referencia al contestado impuesto a la plusvalía.

“Si lo que se quiere controlar es el precio de la tierra, atáquese al verdadero problema que es la especulación sobre el precio de la tierra. Pero no sobre la vivienda en conjunto, no sobre la casa que un individuo ha tenido muchos años y a la que ha puesto mucho amor para mejorarla”, apela. “Hoy cuando la quiere vender y el Estado le dice que parte de lo que ha invertido o parte de lo que vale su casa es deshonesto, inmoral, indebido y no tiene derecho a ello”.

Pita concuerda con sus colegas del sector privado en que, bajo el régimen de la Ley de Plusvalía, aparecerán alternativas informales para evadir el impuesto. “Se va a crear un mercado no transparente al tratar de negociar un valor para evitar pagar impuestos desmedidos. Y al final del día el que lo paga es el comprador, que es el que necesita una vivienda”, apunta.

La informalidad, dice, no es buena para ninguna actividad, peor para el sector de la construcción que, con este proyecto de ley, afronta una coyuntura difícil que ya experimentó cuando el planteamiento de ley quedó frustrado hace medio año por las protestas en las calles y del que aún, aseguran los empresarios, no se ha recuperado.

Argumento por argumento, el sector privado ha ido desmontando públicamente los motivos alegados por las autoridades para justificar el gravamen sobre la plusvalía. Para Pablo Arosemena, esta propuesta es como “fuegos artificiales” para distraer al ciudadano de los verdaderos problemas del país: la falta de empleo, la corrupción en Petroecuador, e incluso la carestía de la vida. El líder de los comerciantes aseveró que Ecuador es el país dolarizado más caro del mundo, más del doble que EE. UU. Y eso, sin Ley de Plusvalía.