Matriz productiva un modelo debilitado y con cifras en contra

La ansiada reactivación productiva que el Gobierno busca encaminar resultó ser, para muchos empresarios, un mero discurso. A esta propuesta, hasta ahora, solo le siguen saldos en contra: en los últimos cinco años el crecimiento industrial ha caído del 7,9 al 0,3 % y en este 2016 promete tocar fondo.

Todo apunta a un decrecimiento, aún incuantificable, pero que alarma a los gremios empresariales que se niegan a la imposición de más impuestos, la vía por la que está optando el Gobierno para enfrentar el desastre provocado por el terremoto en Manabí y Esmeraldas y el desequilibrio que hay en las finanzas públicas. Una estrategia que, a criterio de empresarios, empeorará más la situación económica.

El escenario sería distinto si tras el terremoto el país hubiera contado con un sector fortalecido. Sin embargo, dice Richard Martínez, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, eso ha sido difícil de conseguir aun estando en un proceso de cambio de matriz productiva, empujado por este Gobierno. Las cifras que tenemos hablan de un deterioro muy profundo, dice. “Hemos pasado por varios procesos de identificación y priorización de sectores estratégicos, pero no hemos tenido una real política de promoción y de oportunidades de espacios para mayor inversión”.

En contraparte, cita las cerca de 2.000 normas (entre impositivas y operativas) a las que en el último año ha debido acogerse el sector empresarial, una situación que ha impedido que los empresarios se enfoquen en lo que deberían hacer: “preocuparse por mejorar su nivel de productividad e innovación”.

El Gobierno apunta a recaudar cerca de $ 1.000 millones aplicando tributos a las bebidas azucaradas e incrementando del 12 al 14 % el Impuesto al Valor Agregado (IVA), dos propuestas que, a criterio de Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), lejos de mejorar la situación económica del país, agravarán el problema de competitividad que las compañías han venido soportando en los últimos años.

Antes del terremoto, los negocios ya venían operando en un escenario complicado, generado por el alza de algunos insumos, la valoración del dólar y la baja dinámica comercial provocada por el pago de aranceles a los productos importados. Escenario que explica el actual estado de las empresas, pero que, según Alarcón, está generando otro efecto del que poco se habla. “Sube la tarifa eléctrica, pero algunos dicen que es solo el 2 % del costo; suben los combustibles, se dice que es el 3 % del costo; una reforma tributaria, no es que solo serán centavos. ¿Pero cuál es el resultado de todo esto? Es que nos estamos convirtiendo en un país extremadamente costoso”.

Alarcón sostiene que en los últimos nueve años Ecuador ha acumulado una inflación que es un 25 % más alta que la reportada en Estados Unidos, una nación que, al igual que Ecuador, maneja una economía dolarizada.

Desde el sector tributario también se maneja un criterio parecido. Expertos dudan d e que estas nuevas medidas impositivas ayuden a reactivar la economía. Se cree que, dada la urgencia, fueron diseñadas con demasiada rapidez y obviando ciertos temas.

Pablo Guevara, socio de la consultora Fides Buró, habla de las fuertes sanciones que se vendrían para las empresas que no puedan cumplir con el pago del anticipo al Impuesto a la Renta, en julio y septiembre de este año. “Si el día de mañana lo glosan porque no pagó, la multa es del 3 % mensual más los intereses. Si se demora tres años, ese 3 % significará 36 % anual; en tres años se duplica la deuda, más los 13,30 % de intereses por mora; el total anual es el 50 %. Una sanción de esta naturaleza terminaría por liquidar a las empresas”, asegura.

Revisar este impuesto encabeza la lista de pedidos que tienen los empresarios, quienes además insisten en la implementación de otras políticas, como la de bajar sus costos. Pero otra vez la decisión está en manos del Gobierno.