María Paula Romo: “El mapa de violencia coincide con el político”

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María Paula Romo: “El mapa de violencia coincide con el político”

Ella considera que si las instancias judiciales actúan, y no se genera la sensación de impunidad, es posible frenar los intentos de desestabilización

María Paula Romo
La entonces ministra de Gobierno en una entrevista. Ella hizo públicas las irregularidades en el caso Isspol.Archivo / Expreso

La abogada, fue ministra de Gobierno durante el régimen de Lenín Moreno y enfrentó las manifestaciones de octubre de 2019. Actualmente reside en Estados Unidos

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En ese año la exfuncionaria ya había alertado que en las protestas indígenas había infiltración de actores políticos relacionados con el correísmo. Esa situación no ha cambiado y quedó de manifiesto en los días de asedio que vivió el país entre el 13 y el 30 de junio.

¿Cuál es la evidencia de que el correísmo participa en planes desestabilizadores?

Los vimos en octubre de 2019, cuando actuaron coordinados en algunas acciones con parte de la dirigencia del movimiento indígena, y eso se volvió a dar en esta última paralización. Añadiría que en 2019 fue más evidente la participación correísta en cierres de vías y la revuelta en las calles. Por otro lado, aprovecharon el momento político proponiendo la salida del presidente Lenín Moreno desde la Asamblea y esa agenda la repitieron. Tienen diferentes maneras de participar.

En octubre logramos pocas sentencias, pero si la Asamblea da patente de corso a los violentos, el país se queda sin estado de derecho.



María Paula Romo,

exministra de Gobierno

Diferentes maneras y desde diferentes espacios...

Así es, pero ahí tiene también un papel Pachakutik, sobre todo en la Sierra centro, donde tienen gobiernos locales que participan fuertemente en las protestas y también con financiamiento. Lo mismo sucede en Cayambe y las juntas parroquiales de Pichincha. El mapa de la violencia de las protestas coincide con el mapa político de Pachakutik y el correísmo.

Hay otros espacios de interés, como captar el Consejo de Participación Ciudadana.

Ese es otro espacio importante y cabe señalar un punto: el plazo para la impugnación de candidatos se dio precisamente en los días de las protestas y de alguna manera ha pasado desapercibido para algunos sectores del país. El correísmo disputará esos espacios, con lo que eso implica.

¿Ese panorama hace pensar que los intentos de desestabilización continuarán para el Gobierno?

Me temo que sí y no solo para el Gobierno actual del presidente Guillermo Lasso. Corremos el riesgo de que se convierta en una práctica habitual. Tenemos por un lado la democracia, la elección de representantes y la toma de decisiones a través de mecanismos democráticos; y por otro lado, lo que no se alcanza a través de esos mecanismos, se lo busca por la fuerza y la violencia.

¿Hay alguna forma de enfrentar ese panorama?

Lo que está pasando debilita a las instituciones democráticas y los acuerdos de convivencia como sociedad. Me temo que lo que sucedió en octubre de 2019 que fue una sorpresa para muchas personas, porque no habíamos visto esos niveles de violencia. Hoy se puede convertir en un mecanismo normalizado de participación política, después de la impunidad que dejó octubre.

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¿Qué opina de las voces que critican al actual Ejecutivo por mantener a funcionarios identificados con el correísmo?

Hay que tener precauciones en las categorías. El correísmo es una organización política, pero también es una forma de comportamiento, una práctica y lógica de actuación. Entonces no se trata de satanizar a cualquier funcionario público que haya participado de una gestión que duró muchos años. No se trata de estigmatizar a los funcionarios del aparato público, porque entonces lo que nos queda es un montón de gente que no tiene ningún conocimiento del Estado. No se cuestionan las posiciones políticas, pero eso no puede ser motivo para boicotear a un Gobierno.

¿Cuáles son las salidas a los intentos desestabilizadores?

El problema no es la corriente política, sino las prácticas antidemocráticas y sin ética, vengan de quien vengan. Protestar contra cualquier Gobierno es parte de la democracia, pero eso hay que separarlo de los delitos. Desabastecer de lo básico a la población o atacar a las ambulancias no es una forma de protestar.