Marcelo Bodero: “El agua es la gran necesidad pero esta excluida de la APP”

Si las alianzas público-privadas no han proliferado más no es por falta de atractivo del país, si no por la falta de conocimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para revestir sus necesidades con el traje de planes de inversión.

- ¿Qué impide que llegue más capital a Ecuador, aún con la ley de alianzas público-privadas?

- No hay casi proyectos aprobados en alianzas público-privadas (APP), salvo tres o cuatro. Son macroproyectos, en sectores estratégicos (en puertos) bajo un criterio de excepcionalidad, que sobrepasan una prohibición legal -que es un error que exista esta prohibición- que es la de que los sectores estratégicos están excluidos de las APP. Es el primer gravísimo error.

- ¿El error es dejar fuera a los sectores estratégicos?

- Sí, porque el 99 % de los GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) tiene como necesidad prioritaria el agua potable y el alcantarillado sanitario. Estos proyectos implican grandes aportes de capital y justamente capital es de lo que carecen los GAD. Y esta ley que permite la llegada de capitales, prohíbe que se aplique este mecanismo para proyectos de agua potable por ser un sector estratégico.

- ¿Por qué no se aplica la misma excepción de los puertos?

- No es imposible, porque el marco constitucional lo permitiría. Pero es muy complicado. Esa excepción es para macroproyectos. Implica una decisión del presidente de la República. Es tremendamente engorroso. ¿Y qué pasa con un municipio pequeño que requiere de 15 millones de dólares para la extensión de la red de agua potable y alcantarillado a una zona adonde aún no ha llegado? El presidente de la República no puede pensar en estos proyectos tan pequeños porque no tiene tiempo y el GAD no tiene los recursos.

- ¿Y no hay otra forma de conseguir esos capitales privados?

- Existen para agua potable otros procesos asociativos -que no son APP- regulado por la Ley orgánica de Recursos Hídricos y la de Empresas Públicas. El problema con estas normas es que solamente permiten retornos hacia el inversionista en 10 años. Entonces, no podrán ejecutar grandes planes. Se podrá con procesos parciales pero no totales.

- ¿Qué propone usted?

- Hay que hacer una reforma a la ley para eliminar la exclusión de sectores privados de las APP, al menos en agua potable.

- Aun así, eso no explica por qué no hay APP en otros proyectos que no sean estratégicos

- Eso es, principalmente, por desconocimiento sobre cómo se instrumenta una APP. Esa falta de conocimiento del instrumento es lo más dañino, porque existe el recurso, el dinero, y existe la necesidad de ejecutar la obra pública o prestar el servicio de cualquier naturaleza, pero los GAD no saben cómo funciona, cómo son los retornos. Tiene que haber un esfuerzo del Gobierno central para socializar, para explicar técnica y jurídicamente cómo estructurar el proceso.

- ¿Qué hace que sea un mecanismo tan complicado?

- No lo es, pero no existe el convencimiento de los alcaldes ni la estructura para que se les explique y deben acudir a consultores privados. Ahí viene el problema del costo por algo que no entiende. Por ejemplo, un municipio quiere construir un terminal terrestre, pero no tiene quién lo estructure, donde se indique cuáles son los retornos, los costos, los aranceles, que lo presente técnica y jurídicamente ante el Comité todo el proyecto para que lo apruebe. Y de paso, que busque al inversionista. Por eso, la ley APP ha penetrado muy poco. Yo le puedo hablar por los que yo asesoro. Portoviejo sí, estamos conversando con Milagro, con Durán, con Playas. Ellos van a hacer proyectos.

- ¿Qué proyectos son los más requeridos o apetecibles?

- En un top 5 de necesidades: el agua potable y alcantarillado, es número 1, 2, y 3. Después, la vivienda de interés social, las facilidades como una terminal terrestre, la vialidad y el tránsito y luego, otras como clínicas, parques, urbanismo, etc.