Carlos Alberto Reyes Salvador | El paro del paro
Cada paro se convierte en un ensayo de fuerza. La meta no es solo revertir medidas económicas, sino mostrar músculo político
Otra vez el Ecuador quedó secuestrado por las movilizaciones. Otra vez los mismos rostros, las mismas consignas y los mismos métodos de presión que, bajo el disfraz de ‘defender al pueblo’, terminan protegiendo los intereses más oscuros de la economía ilegal.
El paro indígena no es la épica lucha de los pobres contra el Estado opresor; es un instrumento de chantaje que cuesta millones de dólares al país y que busca preservar privilegios de mafias que viven del subsidio al diésel.
Cada día de paro significa pérdidas que superan los 70 millones de dólares. Comercios cerrados, agricultores con productos pudriéndose en los camiones, exportaciones detenidas, hospitales desabastecidos. El turismo, ya debilitado, recibe un golpe directo y la imagen internacional del Ecuador se desploma. Mientras los dirigentes de la Conaie negocian desde Quito prebendas políticas, el paro golpea al ciudadano de a pie, al campesino que no logra vender su cosecha, a la madre que no consigue gas para cocinar, al trabajador informal que vive al día.
Los líderes indígenas insisten en que representan al pueblo. Pero seamos claros, el pueblo no se beneficia del subsidio al diésel. Las grandes tajadas se las llevan los transportistas que presionan por tarifas más altas aun con combustible barato; los contrabandistas que cruzan galones a Colombia y Perú; y las mafias que han montado un negocio millonario con la distorsión de precios. Defender el subsidio equivale a defender ese sistema corrupto. Y, lo sepan o no, las dirigencias indígenas terminan funcionando como su brazo político.
Detrás del discurso de la resistencia se busca tumbar la eliminación del subsidio, bajo la bandera, disfrazada, de reivindicación social. Pelean para proteger el negocio del contrabando, inventando un relato épico, hablan de “defender al campesino” y “proteger la soberanía”, cuando en realidad luchan por mantener una sangría fiscal que cuesta al Estado miles de millones al año. Dinero que podría destinarse a escuelas, hospitales o seguridad, y no a enriquecer mafias.
Cada paro se convierte en un ensayo de fuerza. La meta no es solo revertir medidas económicas, sino mostrar músculo político, debilitar al Estado y sentarse a negociar con la amenaza de incendiar el país. Es un chantaje disfrazado de protesta que se repite una y otra vez, porque el Estado ha cedido, otorgando prebendas y legitimando la violencia como mecanismo de presión.
Los verdaderos beneficiarios son los contrabandistas de combustible, las mafias del transporte que presionan por subsidios eternos, los políticos oportunista que capitalizan el caos. Ellos ganan a costa de las cuantiosas pérdidas que genera el paro para el Estado, para los empresarios y agricultores, los estudiantes y los trabajadores formales e informales. Pierde toda una sociedad que quiere paz y estabilidad.
El paro indígena desnuda su verdadero rostro; no es resistencia social, es negocio. No es defensa del pueblo, es defensa de mafias. Y cada vez que bloquean una carretera, el Ecuador retrocede en su intento de salir del hoyo fiscal y recuperar la confianza internacional.
El país no puede seguir rehén de minorías organizadas que han aprendido a lucrar del caos. El paro no es un acto heroico, es un acto de complicidad con la ilegalidad.
