Son las secuelas de una semana caótica. El Gobierno del presidente Lenín Moreno mantiene diálogos abiertos, no solo con el movimiento indígena sino con otros colectivos, gremios, asociaciones y hasta con organismos multilaterales. Las autoridades tratan de demostrar que, pese a las protestas y los espacios cedidos, todavía están en capacidad de decidir sobre las políticas públicas que rigen en Ecuador.

Al momento, la mayoría de ministros, secretarios y directores de la Función Ejecutiva mantienen encuentros con diversos colectivos para calmar los ánimos y consultar salidas generales a los efectos negativos del paro de once días.

Los transportistas son un caso. Integrantes de ese grupo, que prefirieron la reserva de sus nombres, aseguraron que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas mantiene diálogos con ellos para analizar alternativas en caso de una variación en los subsidios para los combustibles.

EXPRESO conoció, además, que otras organizaciones de la sociedad civil mantienen acercamientos con las autoridades para pedir que se incluya su voz en los diálogos para la construcción del nuevo decreto ejecutivo que revise, racionalice y focalice los subsidios.

Al ser un tema que toca a todos los ecuatorianos, aseguran los representantes de gremios ciudadanos, es injusto que solo se consulte la opinión de los pueblos y nacionalidades indígenas.

¿Qué temas se revisarán en los posibles diálogos ampliados? El Gobierno está dispuesto a discutir medidas pero no políticas. El modelo económico no está sobre la mesa porque eso significaría cambiar toda la estructura del Estado.

No hay espacio para discusión de ideologías, dicen las autoridades, sino de las herramientas prácticas para superar el grave déficit que enfrenta el Gobierno cada año.

En esas conversaciones se analizará, por ejemplo, la eliminación del subsidio al diésel, pero no la de otros combustibles ya que, según informó el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, la retirada del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís es una decisión que todavía está en análisis.

Eliminar esas subvenciones estatales generaría ingresos adicionales para el Ecuador por un poco más de 300 millones de dólares al año. El subsidio al diésel, en cambio, cuesta más de 1.030 millones de dólares.

El ministro recorrió, ayer, campos petroleros afectados por las manifestaciones violentas de la semana pasada. Ahí, Pérez habló de la comercialización de derivados pero no precisó cuándo estará listo el decreto que, de acordarse, eliminaría los subsidios para las gasolinas extra y ecopaís. Tampoco dijo si el nuevo precio estaría ajustado al valor del barril de petróleo o si se fijaría un nuevo monto estable.

La declaración de Pérez, sin embargo, podría generar nuevos conflictos con los indígenas y otros sectores sociales que esperaban que ningún subsidio -pese a su alto costo- se toque. Los trabajadores amenazan, por ejemplo, con nuevas protestas para este fin de mes.

José Villavicencio, integrante del Frente Unitario de Trabajadores, confirmó que se hará una nueva movilización. Por este anuncio, el Gobierno decidió suspender el acercamiento con el gremio de los trabajadores que no fue recibido.