El mal manejo publico se cuadra con una palabra
La gestión de la deuda del Gobierno de Rafael Correa fue cuestionada la semana pasada por haberse adaptado el marco legal a las decisiones por tomar.
Las cuentas del sector público no cuadran y el desfase alcanza a 118 millones de dólares. Se ha detectado un rubro, bajo el nombre “diferencia”, con el que el Sector Público No Financiero (las empresas públicas) concilia el faltante en el flujo efectivo. Para la Contraloría es una anomalía contable, señalada en un informe que revisa las cuentas hasta diciembre de 2015, aprobado en julio de 2017.
En otras palabras, las cuentas cuadran en contabilidad cuando sale cero al restar los gastos y el dinero en efectivo a los ingresos, resume Francisco Swett, exministro de Finanzas. En este caso, hay 118 millones de dólares cuyo destino se desconoce que impiden la conciliación de cuentas.
El informe de Contraloría desglosa ese monto y se lo atribuye a cada responsable. A las empresas públicas corresponden 93,9 millones de dólares, $ 24,2 millones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 679.000 dólares al Gobierno general. Esta anotación se suma a las irregularidades detectadas e identificadas por el ente de control en otro informe que fue presentado la semana pasada y que, aparte de elevar la cifra de deuda por encima del límite constitucional, revela las maniobras legales que acometió el Gobierno anterior para adaptar la normativa a sus necesidades económicas.
El desfase de 118 millones de dólares es, a juicio del analista de Pulso Económico, David Castellanos, una cifra “bastante alta” para la que no hay sustento contable. Es decir, no hay un respaldo que explique en qué se han gastado esos recursos públicos. Por eso, la Contraloría General señala en su informe que “las entidades públicas que conforman el Sector Público No Financiero, en el registro de sus operaciones, no aplicaron correctamente el principio del devengado”, cometieron “errores en el proceso de homologación de las cuentas en el estado de flujo de efectivo”, en contra de la “normativa contable gubernamental”.
Según Castellanos, conciliar la caja con esa “diferencia” es lo que se conoce como “cuadrar a machetazos”, una práctica “no adecuada considerando que se trata de recursos públicos”. Por eso, para las entidades del Estado está regulado que apliquen el principio del devengado que, en lenguaje simple, equivale a registrar y justificar el gasto realizado en el momento en que se produce.
Ese descuadre “refleja las dificultades, restricciones y poco confiabilidad de la contabilidad de las entidades que conforman el sector público no financiero y, especialmente, de las empresas públicas, que actualmente reflejan grandes pérdidas que son cubiertas por transferencias del presupuesto del Estado y que, constituyen un factor importante del déficit público”, apunta Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal.
El mismo exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, cuando aún ejercía el cargo achacó a esa falta de confiabilidad la razón por la que aún no se publica la cifra de la deuda agregada. “Nos estamos encontrando con sorpresas. Tenemos que ir y rebuscar cada dato, asegurarnos de que el registro está completo, incorporar la deuda flotante que no estaba registrada, tenemos que estar seguros de cuáles son sus compromisos, cuántos son...”, declaró el exministro al portal digital de Revista Gestión.
Informe
Examen
El análisis de la Contraloría General del Estado se refiere a las cuentas del Sector Público No Financiero al 31 de diciembre de 2015.
Aprobado
El informe está aprobado con fecha 7 de julio de 2017 y firmado por la directora de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social (encargada).
Contenido
El documento de 140 páginas presenta un desglose de las cifras de los estados financieros (ingresos, gastos, inversiones...) de las empresas del sector público.
