La Fiscalía General del Estado reiteró, la mañana de este 10 de diciembre, su pedido de revocatoria parcial del fallo que condenó al excandidato presidencial Iván Espinel Molina, a diez años de prisión, dentro del proceso que lo investigó por el delito de lavado de activos.

En el segundo día de la audiencia de apelación a la sentencia que dictó el Tribunal de Garantías Penales de Durán, la fiscal Ivonne Proaño insistió a la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas cambiar la autoría de otros dos acusados en esa causa.

La audiencia se reinstaló a las 08:15 de hoy, con los jueces Henry Morán, José Coellar (ponente) y Juan Paredes, quienes fueron notificados -a las 14:30 del lunes- de dos demandas de recusación presentadas por los abogados de los acusados. No obstante, los magistrados continuaron con el conocimiento del recurso de apelación que presentaron las partes hasta la culminación de la audiencia.

En la contrarréplica, Proaño indicó que se demostró ante el Tribunal de Garantías Penales la lescividad al bien jurídico protegido, en este caso al Sistema Financiero Nacional por el delito de lavado de activos. “La Fiscalía solicitó en su momento la participación en calidad de coautores de los señores Wálter Andrade Muñoz y (su esposa) Johanna Vera Vera; y la apreciación o valoración del Tribunal de Garantías en su momento fue de complicidad”, explicó la funcionaria de la Unidad de Antilavado de Activos, al señalar que el monto del perjuicio sería de 771.000 dólares.

Dentro de la diligencia, la fiscal expuso la serie de acciones en las que habría incurrido la pareja, que impidieron que se conozca el verdadero origen del dinero que permitieron a Espinel comprar una casa, acceder a un préstamo hipotecario en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), comprar en efectivo un vehículo valorado en 50.000 dólares, así como la compra de acciones (25 %) de la empresa Servicios Médicos Nacionales, por un valor de $ 102.000; entre otras cosas, durante los años 2014 a 2016, cuando se desempeñaba como funcionario público.

Según la fiscal, Johanna Vera impidió que el banco en el que laboraba como jefa de caja presente una alerta en contra de Espinel, por los depósitos que realizaba. “Puso nombres de terceras personas e información que no existe”, como fue el caso del número de cédula de una adolescente, quien atestiguó que nunca había realizado un depósito bancario y menos en la agencia donde trabajaba la acusada, según las investigaciones.

La fiscal recordó que el tribunal de Durán condenó a Espinel a diez años de prisión, en calidad de autor directo, por lo que esa conducta no ha variado y, por ello, no ha pedido la revisión de esa parte de la sentencia.

Lo que sí pidió a los jueces de la Sala es que se imponga a los coautores del delito: Wálter Andrade Muñoz y Johanna Vera Vera, una pena similar a la del exministro. En el caso del acusado Juan Carlos Barzola mantiene su participación como cómplice.

Ayer, la abogada Vanessa Zavala, defensora de Espinel, expuso la violación al debido proceso que se estaría incurriendo por parte de los magistrados al no excusarse por las demandas de recusación que se presentaron. Durante la instalación de la audiencia, los abogados particulares de tres procesados abandonaron la sala en protesta al tribunal, lo que conllevó a la colaboración de un defensor público, quien reconoció que no estaba preparado para ese caso.

“Lo que correspondía era que se de trámite a las demandas de recusación y eso no implicaba suspender el proceso... esas demandas generan suspensión de la competencia de los jueces...”, explicó la jurista.

Alrededor de las 15:40, los magistrados dispusieron el desalojo de la sala para deliberar, pero minutos después anunciaron que darían el veredicto a las 10:00 de mañana.