‘Quiere ejercer su derecho a la defensa’

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‘Quiere ejercer su derecho a la defensa’

La situación judicial se complica para Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos. A los procesos por presunto cohecho y enriquecimiento se sumó ayer un pedido de investigación por lavado de activos.

Nació en Quito, en 1966. Es abogado en libre ejercicio graduado en la universidad Laica Vicente Rocafuerte. Fue presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral. Fue abogado patrocinador de Cofiec. Experto en áreas Penal, Civil y Laboral.

Él es el abogado defensor de Carlos Pareja Yannuzzelli. Su cliente, exministro de Hidrocarburos, es investigado por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito. En diálogo con EXPRESO dice que si el acusado regresa a Ecuador y acepta algún tipo de responsabilidad por esos delitos sabrá que tiene consecuencias.

¿Por qué su cliente decidió que quiere colaborar con la Fiscalía?

Quiere estar presente para ejercer su legítimo derecho a la defensa. Consideramos que ese derecho fue vulnerado cuando la jueza negó su participación a través de una videoconferencia, el miércoles. Él quería, con su propia voz e imagen, explicar lo que decidió.

Usted no descartó la ‘presencia física’ de su defendido en la investigación, ¿aquí o desde allá?

Lo que dije es “sin descartar la presencia física”. Estamos viendo cómo se dan las cosas. Él no descarta y, en eso se ratifica, la presencia física para defenderse. Es decir, tendrá que venir y someterse a lo que tenga que someterse.

¿Su cliente le ha dicho por qué abandonó el país?

Hay temas que no topamos. El privilegio de cliente-abogado no me permite revelar ninguna información.

¿Ahora la decisión de colaborar depende si la Fiscalía acepta la propuesta?

Sí. Consideramos un gran paso en esto que se está investigando y hemos ofrecido la posibilidad de estar presente para la defensa y la colaboración.

El fiscal Galo Chiriboga dijo que entre los requisitos está dar información nueva. ¿Su cliente está dispuesto a dar esa información?

Si es que ese es uno de los requisitos y mi cliente acepta, pues tendrá que ser así.

El fiscal adelantó que el enriquecimiento se sanciona con siete y 10 años de prisión y su cliente tendría que manejarse en esos rangos.

Eso está en análisis. Lo considero, respetuosamente, como un pronunciamiento porque después de todo esto será un juez quien determina la sanción, no la Fiscalía.

Pero si acepta la colaboración, la Fiscalía sugiere la pena.

Tendremos que conversar y ver si la información les sirve o no, si las dos partes desean o no. Hasta ahora, es un paso importante, veamos qué sucede. Es probable que me nieguen, no sabemos qué va a pasar.

La decisión obedece también a que puede beneficiarse con reducción de penas o un proceso rápido.

No hay que confundir el procedimiento abreviado con colaboración eficaz. Obviamente hay límites para esas rebajas, no es total. Tampoco es que se somete a esto y va a estar en libertad. Él estará privado de su libertad por el tiempo que se determine y ese es uno de los factores que, siendo tan difícil la decisión, aun así asume. Tampoco es que el hecho de colaborar le exime de cualquier cosa.