El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, también es investigado por la Comisión de Justicia de la Asamblea, porque su nombre apareció vinculado en los Panama Papers, por un fideicomiso llamado Madrigal Financial Corps, que fue creado para administrar

Un ‘pacto etico’ casa adentro proponen algunos legisladores del oficialismo

El mandatario propone que ningún aspirante a cargo de elección popular o funcionario público pueda tener su dinero o inversiones en paraísos fiscales.

Lo aguardan en la Asamblea Nacional. Lo que el actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde Pavón, no dijo a la prensa, el jueves, tendrá que contarle, en detalle, a la Comisión de Justicia, del Legislativo.

Al menos, eso es lo que espera el asambleísta oficialista Christian Viteri. Él tiene un pedido formal de comparecencia para el gerente, desde mayo pasado, pero no ha sido tramitado aún, dijo a EXPRESO.

Merizalde reconoció que compró una empresa offshore en Panamá, un paraíso fiscal, aunque, según dijo, no entró en operación porque fracasó el emprendimiento que usaría con esta figura. Lo que no hizo el actual funcionario de la estatal petrolera es declarar la existencia de esta empresa, que fue adquirida en 2012.

Con él, son cinco los funcionarios públicos que han sido mencionados en los denominados Panama Papers.

Viteri dice que este ejercicio de fiscalización es vital para empezar a cumplir el “pacto ético” al que llamó, en días pasados, el presidente de la República, Rafael Correa.

El mandatario propone que ningún aspirante a cargo de elección popular o funcionario público pueda tener su dinero o inversiones en paraísos fiscales. Una pregunta al respecto podría ser incluida en las elecciones de 2017.

“No podemos tener un doble estándar. Si nosotros hacemos este llamado al pacto ético, cualquier funcionario que ha sido mencionado en los Panama Papers debería dar el paso al costado por delicadeza y lealtad al proyecto político”, aseveró Viteri a este Diario.

En esta línea también se ubica la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien ha señalado que por mínima que sea la inmersión de una persona en paraísos fiscales, fideicomiso o empresas offshore, debe hacerse a un lado, defenderse y demostrar que sus actos no fueron ilegales.

Acogerse al ‘pacto ético’ es, además, una de las condiciones que tiene PAIS para dialogar y establecer alianzas para las elecciones presidenciales y de asambleístas de febrero de 2017.

“No se puede hablar de economía y decir que necesitamos inversión extranjera y tener los capitales fuera del país”, dijo la secretaria del partido, Doris Soliz, a mediados de esta semana.

Pero para Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, este discurso y el llamado presidencial a firmar un acuerdo ético, se quedan sin piso cuando más funcionarios, que se mantienen en funciones, aparecen relacionados con empresas offshore. CRR