Referencial. Gulnara Borja Cabrera y Antonio Rodríguez Vargas se disputan el rectorado de la Universidad de Guayaquil tras la salida Galo Salcedo.

La ‘Estatal’ tiene 72 horas para resolver su conflicto

El Consejo de Educación Superior (CES) ha dispuesto este miércoles 10 de octubre, mediante una resolución, que el Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil (UG) cumpla con la Ley para los casos de subrogación o reemplazo.

El Consejo de Educación Superior (CES) ha dispuesto este miércoles 10 de octubre, mediante una resolución, que el Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil (UG) —en la que dos personas se proclaman rectores designados— cumpla con la Ley para los casos de subrogación y reemplazos, según el estatuto vigente.

Dicho texto, en su artículo 45, establece que “en los casos de ausencia temporal o definitiva, las autoridades institucionales cumplirán con la línea de subrogación y reemplazos definidos en este Estatuto, las mismas que estarán en concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior y la normativa que el Consejo de Educación Superior expida para el efecto”.

Además, dispuso que la universidad “informe del cumplimiento de la resolución que adopte en un término no mayor a 72 horas”. Es decir, en ese plazo debería estar resuelta la designación del nuevo rector.

El máximo organismo del sistema universitario del país también señala que de acuerdo al tercer inciso del mismo artículo, el Consejo deberá convocar a elecciones de las autoridades faltantes, en un plazo máximo de 60 días y “las autoridades que resultaren electas ejercerán sus funciones hasta el término del periodo de su antecesor”.

En caso de incumplimiento por parte del Consejo Universitario y/o de las autoridades de la UG, el CES procederá conforme a la normativa vigente para imponer las sanciones aplicables, de ser pertinentes.

Dos rectores en la Estatal

Gulnara Borja Cabrera y Antonio Rodríguez Vargas se disputan el rectorado de la Universidad de Guayaquil, tras la salida de Galo Salcedo por irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado, en la entrega de 28 títulos falsos en la facultad de Jurisprudencia.