Lorena Naranjo: “La modernidad esta aqui y no fuimos al mismo ritmo legal”

La directora de la Dirección Nacional de Protección de Datos (Dinardap), Lorena Naranjo, habló con EXPRESO sobre el rezago que lleva el país respecto a la protección de la información personal y acerca de la última filtración que afectó a los ecuatorianos.

- ¿La última fuga tendría datos actualizados hasta agosto de 2019, ¿podrían existir funcionarios públicos haciendo las filtraciones?

- Eso tendrá que determinar la Fiscalía, pero sin duda hay la posibilidad que personas naturales o jurídicas tengan bases de datos en el computador de su casa con información que no sabemos si es o no la correcta. Alguien puede decir que tiene datos de 2019 o que son de tal o cual entidad pública, pero no es así. Eso debe definir Fiscalía.

- ¿La empresa vpnMentor ha sido la que ha dado la voz de alerta sobre la filtración de datos en Ecuador, ¿qué credibilidad dan a esta información? ¿El Estado trabaja con ellos?

- La información que emiten estas empresas que se dedican a hacer hackeo ético, buscar brechas de seguridad es, sin duda, útil, pero es Fiscalía y la policía las que deben validar las denuncias porque estos ya se convierten en delitos. Por eso hay que reflexionar si necesitamos la creación de unidades especializadas en delitos tecnológicos, que van en aumento. No es ámbito de mi competencia, no sabría decir si el Estado trabaja con esta u otra empresa.

- Con todo esto ¿se puede decir que el país atraviesa una crisis en referente a protección de datos?

- Hay una deuda pendiente, porque pese a que en la Constitución de 2008 ya existe la protección de datos personales, no tenemos implementada una normativa. Lo que nos está ocurriendo es que la modernidad está aquí, el uso de las tecnologías están aquí y no hemos sabido ir al mismo ritmo en el nivel normativo. Mientras más demoremos en tener una ley, más difícil será enfrentar los problemas.

- ¿La ley dará todas las respuestas que faltan o corre el riesgo de convertirse en una normativa sin mayor incidencia?

- Para que esto sea eficiente deberá existir una autoridad de control. La normativa establece que el ciudadano podrá acceder a sus datos personales que tiene una entidad pública o privada, rectificarlos, eliminarlos o negarse al tratamiento de los mismos. Las empresas deberán tener abiertos todos los canales -virtuales o personales- para que las personas se informen.

- Eso, de parte del ciudadano, ¿las autoridades qué harán para controlar esa suerte de mercado negro de venta de datos?

- La idea de romper esos mercados de bases ilegales se basa en la calidad del dato. Ahí será importante el consentimiento del titular que vendrá acompañado de la entrega de datos actualizados y verdaderos. Las bases de datos armadas sin consentimiento no reflejan la verdad y, por el contrario, pueden estar perjudicando a quienes las usan.

- ¿Una vez aprobada la propuesta en la Asamblea cambiará de inmediato la realidad de las bases de datos ilegales o habrá que esperar?

- En la propuesta hay disposiciones generales con respecto a los tiempos. Por ejemplo, el registro de los nombres de las bases de datos las entidades públicas y privadas podrán hacerlo hasta un año después de la entrada en vigencia de la ley. Habrá un año adicional para la implementación de los principios para que se transformen en obligaciones y derechos. Solo a partir del segundo año se podrá hablar del régimen de medidas correctivas o sancionatorias.

- Con todo esto, ¿es buena idea poner todos los datos en un solo data center, el de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)?

- La iniciativa no significa enviar toda la información a una sola máquina. Cada entidad seguirá teniendo su información sin compartir los servidores con la diferencia que ahora habrá todas las medidas de seguridad, con un espejo que funciona en Guayaquil y un backup que se activará temporalmente en caso de un apagón masivo o desastre natural.