Ante una lluvia de balas, la sociedad civil responde con una lluvia de ideas
Hechos de violencia inéditos afectan desde lo económico hasta la salud mental. Bajar la pobreza es parte de la solución
Los miembros de las bandas delictivas buscan, cada día, derramar sangre inocente. Niños, mujeres, jueces, policías, empresarios y modestos vendedores ambulantes: cualquiera puede ser víctima de la destrucción a punta de balas y terror.
En Ecuador se registra un promedio de 18,4 casos de muertes violentas por día y hasta el 10 de abril se contabilizaron 1.826 asesinatos en todo el país. Esas cifras no incluyen las víctimas de la masacre dada este martes en la provincia de Esmeraldas. Pero el alto número de fallecidos no es el único hecho que mantiene en zozobra a la ciudadanía. La noche de este último lunes murió un policía en servicio activo y una mujer dentro de una iglesia católica que celebraba un acto religioso.
En lo que va del 2023, se ha registrado que un sicario vestido de doctor irrumpió en un hospital y mató a un paciente. Hubo un tiroteo con armamento de guerra en El Triunfo. Desde entonces no se conoce del paradero de alias JR, el segundo cabecilla de Los Choneros.
También un guardia de seguridad fue cargado de explosivos y paralizó el ritmo del Puerto Principal por varias horas hasta que pudo ser librado del material. Las Unidades de Policía Comunitarias, periodistas, medios de comunicación y comercios de todo tipo han recibido paquetes con artefactos explosivos.
A pesar que desde el 2 de abril Ecuador vuelve a cursar un estado de excepción por temas de seguridad, la medida no ha logrado detener la criminalidad, al menos en Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Sin embargo, este tipo de acciones despiertan el interés de distintos sectores para actuar de forma organizada.
El presidente debe hacer valer el rol de las Fuerzas Armadas con las leyes ya reformadas, se puede coordinar más acciones con la Policía Nacional en la frontera como es Esmeraldas.
Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, señaló a Diario EXPRESO que debido a lo que ocurre en todo el país es necesario hacer un solo frente para trabajar a favor de la seguridad.
“Es una situación que nos une a todos los sectores y debemos deponer las bandera políticas para así salir de esta realidad. No obstante, es necesario que nos den desde el Ejecutivo los lineamientos para trabajar de forma ordenada porque tampoco podemos actuar así nomás, debe ser dentro de un plan, con estudios y recursos. Debemos entender desde el empresariado en qué podemos aportar”.
El sector privado debe intervenir con soluciones a corto y mediano plazo, no se puede esperar la llamada del Gobierno. Por ahora se debe llamar urgentemente a mesas técnicas.
Mientras que Edson Larrea Sánchez, consultor turístico de la Agencia de Promoción y Desarrollo de Destinos Turistiqueros, va más allá y señala que el sector privado no puede esperar la invitación de las autoridades, sino que se deben organizar mesas técnicas para conocer en qué acciones se puede colaborar.
“Esta situación no está midiendo los daños que están provocando al mercado y a la imagen internacional de Ecuador... Lo que pasa aquí es que el plan de seguridad no está claro. Se necesita llamar urgentemente en todas las provincias. El sector privado no solo se puede quejar, que está bien, debe proponer soluciones medibles”.
En Quito, aunque la tasa de muertes violentas (6 por cada 100 mil habitantes) la sitúa como una de las ciudades más seguras del país, ve cómo la violencia se mueve en patrones desconocidos, hasta ayer.
Sicariatos, carros bomba, secuestros en carretera, asaltos a mano armada son las nuevas modalidades. El 7 de abril pasado, cerca de la Terminal de Buses de Quitumbe, desconocidos abandonaron un vehículo que en su interior contenía un tanque de gas licuado de petróleo, rodeado con 20 tacos de explosivos de alto poder.
Las primeras investigaciones detallan que el vehículo fue dejado en el parqueadero de una estación de combustibles con el fin de lograr una explosión de gran magnitud.
“Las bandas están buscando posicionarse, pero no se descarta que debido al momento político que vivimos, (las bandas) le están dando con todo para generar violencia y culpar al Gobierno actual”, dice otro agente que investiga a los principales grupos armados ilegales del país.
La explosión no se dio. Pero la preocupación se extiende por la capital y a las 20:00, la urbe parece un pueblo fantasma. Los locales, desde restaurantes a cafeterías, cierran.
Hacer una cruzada para todos dentro de un plan y asignar los recursos que se necesitan y desde el sector empresarial entender en donde podemos apoyar desde los estudios técnicos
El lunes 10 de abril, una nueva alerta de bomba se extiende por la ciudad. Por grupos de WhatsApp se difunde la noticia de forma engañosa. Una mezcla de verdad y mentira. Los capitalinos reciben un adujo en donde se dice que un carro bomba explotó en el parqueadero de un centro comercial. Un falso testigo dice haber visto personas con sus brazos y pies amputados y con su tono de voz intenta provocar angustia. La verdad es que nunca hubo tal explosión, ni siquiera se halló una bomba.
“Se escucha en estos días amenazas de bombas en los lugares de concurrencia masiva, ¿por qué? Porque están planificando traslados sorpresas de internos (de las cárceles). Eso es una forma de presión”, dice el policía.
La respuesta del Gobierno para frenar la delincuencia ha sido pobre. La evidencia es la tasa de muertes violentas. El 2022 cerró con 25 por cada 100.000 habitantes. Este 2023, el país enfrenta un nuevo repunte.
Para Francisco Chiriboga, presidente de la Cámara de Agricultura, la solución para abordar la inseguridad es tener un enfoque integral. “Se necesita una mayor inversión en educación, empleo y programas de desarrollo social que aborden las causas que generan la inseguridad, como la pobreza, el desempleo. Además se necesitan medidas efectivas de aplicación de la ley que incluyan una mayor presencia policial, mayor capacitación y mejores salarios para los agentes policiales”.
Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, coincide que la seguridad debe ser la prioridad del Gobierno. “A corto plazo hay que contener, a largo plazo hay que mejorar la calidad de vida de la gente y bajar la pobreza”.
El arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera Herrera, pide construir una agenda de paz, desde la justicia, libertad y verdad. “Me parece que es urgente y necesario convocar a todos los actores de la sociedad civil para elaborar una agenda común en favor de una cultura de paz”.
- Contexto. El pasado 3 de abril, el presidente Guillermo Lasso emitió un decreto para flexibilizar el porte de armas de fuego.
Es urgente y necesario convocar a todos los actores de la sociedad civil para elaborar una agenda común en favor de una cultura de paz, basada en la justicia, libertad y verdad.
Se necesita una mayor inversión en educación, empleo y programas de desarrollo social que aborden las causas que generan la inseguridad, como la pobreza y el desempleo.
La gente no sale por miedo, eso es malo para todos, para la economía, para el estilo de vida. Lo primero que hay que hacer es contener y a largo plazo, una estrategia integral.
