Una lista de reparos a la política de control en entidades públicas en Ecuador

Con el objetivo de reforzar los mecanismos de control interno y prevenir actos indebidos en la administración pública, el Gobierno ha iniciado la implementación progresiva de una nueva figura dentro de las entidades estatales: los Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC).

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Esta iniciativa, que forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública, busca dotar a las instituciones de un punto focal que identifique riesgos, supervise el cumplimiento normativo y promueva buenas prácticas, sin necesidad de contratar personal extra.

Son 35 las instituciones públicas priorizadas que comenzaron a designar a sus respectivos RIC, quienes ya formaban parte del funcionariado y fueron capacitados para asumir este nuevo rol. La iniciativa fue presentada oficialmente el lunes 16 de junio por Carolina Jaramillo, vocera de la Secretaría General de Integridad Pública. “Ahora existirá una persona que va a cumplir estas funciones in situ, dentro de cada institución”, señaló Jaramillo durante la presentación.

Los RIC tienen la responsabilidad de detectar riesgos de corrupción, vigilar el cumplimiento de las normativas internas y externas, reportar directamente a la máxima autoridad de su entidad y fomentar una cultura de transparencia y mejora continua. Para su implementación, se estableció una norma técnica que define el perfil profesional requerido, las funciones específicas, mecanismos de evaluación y directrices de designación. El despliegue está siendo acompañado técnicamente por la Secretaría General de Integridad Pública.

La puesta en marcha de esta figura responde a la necesidad de contar con mecanismos institucionalizados que vayan más allá del control externo y actúen dentro de las entidades públicas para prevenir irregularidades desde su origen.

Según la Secretaría, los RIC son una pieza clave para prevenir riesgos de corrupción en procesos administrativos, asegurar el cumplimiento de normativas, promover la transparencia institucional, fortalecer capacidades técnicas y recuperar la confianza ciudadana en el sector público.

¿Están preparadas las instituciones para aplicar los cambios?

Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), expresó su preocupación respecto a la selección y preparación de los nuevos responsables. Cuestionó que, en muchos casos, los nombramientos no se basan en la experiencia ni en méritos profesionales.

“Primero deberían nombrar autoridades que tengan experiencia y títulos que los respalden. En segundo lugar, siguen reciclando autoridades de gobiernos anteriores. Si son los mismos de los últimos 15 o 20 años, no hablamos de una administración moderna”, dijo.

Además, propuso la creación de una Escuela de Gobierno, similar a las existentes en países como Chile o Uruguay, como un paso previo al acceso a cargos de responsabilidad pública.

Hurtado también alertó que, sin acciones concretas ni procesos sistemáticos de seguimiento, los RIC podrían quedar como “una figura decorativa más” en la estructura estatal.

Paralelamente a la incorporación de los RIC, la Asamblea Nacional ha tramitado reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Entre los principales cambios está la sustitución de la evaluación anual de desempeño por una prueba semestral, que se aplicaría a cerca de 491.000 servidores públicos.

Estas evaluaciones medirán indicadores de eficiencia, cumplimiento de objetivos y calidad del servicio. También se establece que las instituciones deberán actualizar, al menos cada dos años o tras cambios estructurales, sus manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos.

La legisladora Valentina Centeno, ponente del proyecto, destacó que estas medidas buscan erradicar prácticas de corrupción y fomentar una cultura de integridad institucional. “Este proyecto busca que el talento humano actúe con responsabilidad, ética y eficiencia”, manifestó.

Asimismo, la propuesta contempla reformas complementarias como la regulación del teletrabajo, sanciones por prevaricato, límites al internamiento preventivo y la incorporación de pólizas de fidelidad como medida de control adicional.

Desde Conasep se han elevado varias observaciones a la Asamblea Nacional. Hurtado envió un oficio con propuestas de mejora y advierte que, de no ser consideradas, la ley podría quedar sin aplicación real. Aunque reconoció la necesidad de evaluaciones más frecuentes, cuestiona su efectividad: “El problema no es la frecuencia, sino la falta de acciones correctivas cuando se detectan deficiencias”.

También muestra reservas sobre la exigencia de que cada institución diseñe sus propios manuales de puestos. Según él, muchas entidades no han actualizado sus manuales en más de una década y considera que se deberían aplicar modelos genéricos por sectores. “¿De qué sirve establecer una periodicidad si no existen mecanismos de control claros ni sanciones por incumplimiento?”, cuestionó.

Otro punto crítico es la cobertura de la normativa. Hurtado aseguró que las evaluaciones semestrales solo serán obligatorias para los servidores de la Función Ejecutiva, quedando fuera los gobiernos autónomos descentralizados y otras funciones del Estado.

Opiniones divididas sobre nuevas políticas de integridad estatal

Estas instancias solo tendrían la obligación de informar a la Contraloría en caso de incumplimientos, lo que, según el dirigente, debilita la reforma. “¿Qué institución va a reconocer que hizo mal su trabajo? Ninguna”.

Para la abogada Vanessa Velásquez, especialista en Derecho Laboral, el proyecto apunta en la dirección correcta. “Estas reformas responden a una demanda ciudadana por eficiencia en el sector público”, afirmó.

Según la especialista, las evaluaciones permitirían identificar con mayor claridad oportunidades de recategorización y reubicación del talento humano. No obstante, advirtió que el Estado no está preparado actualmente para aplicar evaluaciones semestrales de forma efectiva.

“Evaluar requiere altos costos y claridad en los parámetros. Se necesita un equipo multidisciplinario que diseñe el esquema. En este momento, no es viable cada seis meses. Lo más adecuado sería hacerlo de manera anual”, expresó.

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