La reversión del Atahualpa, llena de dudas y de opacidad 

Razones para quitarle a la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) la propiedad del histórico estadio Olímpico Atahualpa hay por montones. Aquí algunas: sus instalaciones están terriblemente deterioradas por la pésima gestión de la Concentración Deportiva de Pichincha; las zonas circundantes son una inmundicia por el descuido de quienes lo administran; el escenario se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo urbanístico de una de las zonas más vibrantes de la ciudad; el estadio ya no cumple con sus funciones de promoción del deporte y afea al barrio. A eso se le podría agregar otra razón: dejarlo en manos de la CDP sería una negligencia porque bajo su administración no hay un buen futuro ni para el escenario ni para esa zona de la ciudad.

En fin, se podría hacer una lista gigante de razones para aplaudir que el Municipio de Quito, antiguo dueño del Atahualpa, recupere la propiedad del estadio; en el supuesto, claro, de que vaya a hacer buen uso del mismo por cuenta propia o en sociedad con la empresa privada, cosa que es una posibilidad considerando los rumores que circulan. Para el bien de Quito, es necesario que con el nuevo dueño las cosas no sigan como están; posibilidad cierta si se considera que abundan los proyectos y escenarios abandonados por la administración correísta del Municipio.

Los pros y contras de la reversión del estadio Olímpico Atahualpa

Pero si sobran motivos urbanísticos, deportivos y hasta de higiene pública para hacer la reversión de la propiedad, hay también otros motivos legales y políticos para pensar que el proceso es ilegal y opaco. Para comenzar está la figura legal que fue aprobada para revertir la propiedad por una mayoría correísta en el Concejo Metropolitano: como si se tratara de un acto administrativo, ignorando que el escenario está en manos de la CDP desde 1966 en virtud de una donación. Y una donación no puede ser revertida por simple decisión de quien la hizo, sino por una resolución judicial dictada por un juez competente.

Es cierto que la CDP no cumplió con muchas de las condiciones que se establecieron para hacer la donación. Según el alcalde Pabel Muñoz, al menos cuatro de las ocho condiciones se han incumplido. Eso, sostiene Muñoz, justifica la decisión municipal de revertir la propiedad. Entre esas condiciones a las que se comprometió la CDP dentro de una realidad histórica muy distinta a la actual (estamos hablando de casi 60 años atrás) estaba la de entregar entradas gratuitas a los colegios municipales. La argumentación de Muñoz puede ser correcta, pero el problema está en la forma en que se tomó la decisión: si alguien que recibe una donación no cumple las condiciones de esta, solamente un juez puede determinar el destino del bien donado. Es un absurdo pensar que cualquier donante puede hacer lo mismo en otros casos porque le da la regalada gana. Eso podría generar una inseguridad jurídica tremenda.

El conflicto judicial y político por el estado Olímpico Atahualpa

La opinión de que lo actuado por el Municipio fue ilegal la comparten concejales, como Wilson Merino y Michael Aulestia. Merino incluso le propuso al alcalde que someta el tema a un arbitraje en el que participen el Municipio y el Ministerio del Deporte, organismo que tiene intervenida a la CDP. Fue precisamente por estos argumentos que un juez de la Unidad Judicial Anticorrupción aceptó una medida cautelar a favor del interventor de la CDP, quien presentó una acción de protección para impedir que el Municipio inscriba el emblemático escenario a su nombre. Y aunque el Municipio ya lo hizo en el Registro de la Propiedad (ente administrado por el propio Municipio) con una celeridad impresionante, la inscripción está suspendida al menos hasta mañana viernes 20 de julio, en que habrá la audiencia judicial. Y es precisamente esa celeridad insólita lo que ha despertado dudas en muchos sectores.

La concejal Sandra Hidalgo, por ejemplo, está de acuerdo en que se revierta la posesión a manos del Municipio, pero ella se abstuvo en la votación porque observa muchas cosas opacas en el proceso: la velocidad, por ejemplo. Según Hidalgo, no hay decisión en toda la historia del Municipio que se haya tomado con tanta rapidez. Es tan insólito que solo produce sospechas. Según ella, el informe de la comisión jurídica se hizo en horas, y en minutos se convocó a la Comisión de Espacio Público para que lo apruebe. Y la inscripción se la hizo en segundos, agrega. La alarma anotada por Hidalgo abre interrogantes, considerando que en el Municipio cualquier trámite toma meses y en asuntos tan delicados como este pueden ser años. ¿Cuál es el apuro entonces?

La celeridad puede ser positiva, pero la pregunta sobre por qué en este caso es tan brutal, si se lo compara con la falta de interés del Municipio en otros temas, que despierta dudas y sospechas. Está, por ejemplo, el coliseo Julio César Hidalgo, también de propiedad de la Concentración Deportiva de Pichincha, que es un foco de delincuencia e inmundicias en el Centro Histórico de la ciudad. O el coliseo Rumiñahui, que también se está convirtiendo en un punto muerto de la ciudad. ¡Y qué decir del Parque Bicentenario (antiguo aeropuerto), donde tampoco se ha hecho algo relevante!

Quito es una ciudad cuya energía está extinguiéndose y necesita desesperadamente proyectos que la despierten. Por ejemplo, una intervención urbanística en el Atahualpa donde, manteniendo el estadio, se abran nuevos espacios comerciales, edificios para vivienda y hasta escenarios culturales. Pero las cosas hay que hacerlas dentro del marco legal y con transparencia. ¿Para qué tanto apuro? Nadie sabe si atrás de ese apuro ya hay un proyecto concertado a la sombra y del cual nada se conoce.

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