¿Cómo cambia el tratamiento del consumo y el microtráfico en Ecuador con nueva ley?
Tabla de drogas fue eliminada en Ecuador: así funcionará ahora
Con la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional por parte de la Asamblea Nacional, Ecuador da un giro decisivo en su política penal sobre drogas. La norma, enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que eliminan la antigua “Tabla de Umbrales de Consumo” -conocida como “Tabla de Drogas”- y la reemplazan por parámetros técnicos. El objetivo es establecer una diferenciación más precisa entre el consumo personal y el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.
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¿Qué cambia con la Ley de Solidaridad Nacional sobre drogas?
Este cambio legal ocurre en un contexto preocupante para el país. Entre 2023 y 2024, las incautaciones de droga destinadas al mercado interno se incrementaron de forma alarmante. Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en 2024 se decomisaron más de 2,2 millones de gramos de marihuana, 1,3 millones de gramos de clorhidrato de cocaína y más de un millón de gramos de pasta base de cocaína.
En Quito, durante el primer semestre de 2025, se realizaron 175 operativos antidrogas que dejaron como resultado 251 personas detenidas y más de 136 mil gramos de sustancias ilegales decomisadas.
Estas cifras reflejan el aumento del consumo interno y del microtráfico en el país, lo que ha obligado al Estado a revisar su enfoque legal y operativo. La nueva ley propone una mirada más integral, en la que el consumo de drogas deja de ser tratado bajo criterios exclusivamente cuantitativos. En lugar de considerar únicamente el gramaje para distinguir entre consumidores y traficantes, la normativa establece que se deben realizar evaluaciones médicas y psicológicas, con el fin de evitar que personas con adicción sean criminalizadas y, al mismo tiempo, sancionar efectivamente el tráfico de drogas.
Desaparece el criterio exclusivo del gramaje
Ahora, con la nueva ley, desaparece el criterio exclusivo del gramaje. En su lugar, se deberán considerar elementos adicionales, establecidos por el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. La normativa exige a estas entidades coordinarse para definir, con respaldo técnico, los parámetros que permitan una evaluación más justa y contextualizada de cada caso.
¿Habrá más arbitrariedad sin la tabla de drogas?
Para Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, esta reforma era necesaria y urgente. “Con la tabla anterior, una persona podía ir a prisión por tener apenas un gramo de droga. Además, muchos vendedores usaban los márgenes establecidos para operar sin ser sancionados, lo que incentivaba el microtráfico”, explicó. A su juicio, si bien el nuevo enfoque brinda mayor flexibilidad, también representa un desafío si no se garantiza seguridad jurídica. “Es fundamental que las instituciones actúen con responsabilidad y que se capacite a jueces, fiscales y policías para evitar interpretaciones erróneas”, advirtió.
Durante su periodo en la Corte, Saquicela impulsó la resolución que sirvió como directriz provisional para los operadores de justicia. No obstante, insiste en que el desarrollo de los nuevos parámetros técnicos debe contar con el aval de la academia y del sistema judicial, para asegurar que las decisiones sean tomadas sobre bases científicas y jurídicas claras.
¿Cómo se traza la línea entre un consumidor y un traficante?
Otro de los retos fundamentales que plantea la ley es cómo trazar de manera efectiva la línea entre un consumidor y un traficante, una frontera que en muchos casos resulta difusa. Daniel Pontón, experto en seguridad y catedrático universitario, valora positivamente esta reforma siempre que se aplique de manera correcta. “El proyecto inicial del Ejecutivo no incluía los parámetros técnicos. Fue gracias a la Asamblea que se incorporaron, lo cual garantiza un enfoque más humanitario y realista”, dijo.
Pontón considera que, con la nueva normativa, los fiscales deberán ir más allá del simple porte de la droga. Ahora será indispensable considerar otros factores, como el almacenamiento, la distribución y la intención de venta. Además, sugiere que el Estado debe acompañar esta reforma con políticas públicas de prevención, rehabilitación y análisis de impacto, que permitan construir estrategias eficaces para reducir el consumo y el microtráfico en el país.
En definitiva, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional redefine el tratamiento penal del consumo de drogas en Ecuador. Su implementación exigirá coordinación interinstitucional, capacitación técnica y un enfoque centrado en los derechos humanos, que logre equilibrar la justicia con la necesidad de proteger a la sociedad del crimen organizado y del tráfico de drogas.
