Mucho ruido y pocas nueces. A un mes de la publicación de la lista de clientes de un conocido motel de Guayaquil, poco o nada se ha hecho para determinar responsabilidades en un hecho que irrumpió en la intimidad de decenas de parejas.

Tras la divulgación efectuada el pasado 4 de mayo, a través de las redes sociales, la Intendencia General de Policía del Guayas rechazó esa violación a la intimidad y anunció acciones legales en contra de la persona que habría publicado el vídeo que circuló con la nómina de los clientes que acudieron al lugar de 1 al 30 de abril de 2017.

Una lista real que revelaba nombres de hombres y mujeres, con números de cédula, placa de vehículos y con detalles como si habían ingresado a pie o en carro.

El entonces intendente Jorge Nicolalde presentó en la Fiscalía la denuncia por una presunta revelación ilegal de base de datos, en contra de un funcionario que, “valiéndose de su condición, accedió a información privada o reservada...”.

El escrito pasó a manos de la Fiscalía 7 de Soluciones Rápidas de Guayaquil, donde permanece en investigación previa (en reserva) y bajo la custodia de la fiscal Lourdes Parada. Se conoce que se han ordenado varias diligencias, pero hasta el pasado miércoles no se había logrado tomar la versión del denunciado.

Un vocero de la Intendencia manifestó que el caso está enteramente en manos de la Fiscalía. Igual decisión han tomado los representantes del aludido motel. Los guardias privados son los que hacen frente a las inquietudes no solo de la prensa, sino a los reclamos de quienes se sintieron afectados.

“Algunos vinieron a reclamar”, reveló un custodio a quien solo le toca entregar una copia del comunicado de la Intendencia y de la denuncia.

Pero, ¿por qué se solicitó esa información y bajo qué normas? ¿Tenían la obligación de remitir ese listado?

La Intendencia es un organismo netamente de control y, al momento que le toca ejecutar esos controles, es acorde a protocolos y normativas establecidas por el Ministerio del Interior, para este tipo de establecimiento, explica a EXPRESO el exintendente del Guayas, Tito Quinteros Rodríguez, quien estuvo al frente de la entidad entre abril y julio de 2016.

“Dentro de mi administración yo no solicité una lista en ese orden, justamente con el propósito de proteger la intimidad de las personas. Recordemos que un lugar de esa naturaleza tiene mucha implicación en tema de la intimidad”, dice.

El control, según explica, apunta a si las personas que ingresan a ese tipo de negocios porten su cédula y sean mayores de edad. Así se busca evitar el cometimiento de un delito y, que toda persona que ingresa tenga el registro correspondiente. “Al momento que la Intendencia solicita esa información llega a manos de los funcionarios de dicha dependencia pública y ahí es donde existe la filtración”.

En detalles

Intervención

El 5 de mayo, un operativo en el que participaron 20 comisarios se ejecutó en Guayaquil, para determinar el índice de seguridad en hoteles y hostales.

Suceso

La acción se realizó tras la muerte de una adolescente que el pasado 16 de abril cayó de la ventana de un hostal de la ciudad.

Pero, dentro de las competencias y potestad que tiene la Intendencia, efectivamente puede solicitar este tipo de documentación, añade Quinteros, aunque a su criterio resulta innecesaria. “Porque lo que se realiza son controles en el momento para ver si encuentra o no personas indocumentadas en el interior de dicho establecimiento...solamente en el registro va a constar el reporte de las personas que hayan presentado la cédula”.

Y, es precisamente la no presentación de ese documento, una de las causales por las que el establecimiento puede ser sancionado. Si se encuentra en su interior a una persona indocumentada o menor de edad, el motel puede ser clausurado de quince a treinta días si hay reincidencia, hasta llegar a una clausura definitiva, con lo cual perdería además su registro en el sistema interno de la Intendencia.