Las cuentas siguen creciendo. El Gobierno de Lenín Moreno pasó sus primeros 30 días entre diálogos y nuevas facturas por pagar. Las cifras que publicaba la administración del expresidente Rafael Correa dejaban por fuera, al menos, 5.686 millones de dólares que ahora se deben reconocer y cancelar.

Tres deudores aparecieron después del 24 de mayo. El último, un grupo de 15.424 jubilados del sector público que esperan 808 millones de dólares. El monto no fue revelado por el gobierno anterior ni tampoco se planteó una solución. Los jubilados escucharon acuerdos, convenios y promesas de pago que nunca se concretaron. Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, reconoció que la cuenta surgió en 2010 y se expandió con fuerza en 2015.

Ledesma, junto al ministro de Finanzas Carlos de la Torre, admitieron el valor y que no hay fondos disponibles para el pago. Esto, pese a que el exministro de Finanzas, Patricio Rivera, dijo que el Gobierno de Correa pagaría esas deudas hasta mayo de este año.

Otra factura desempolvada por la actual administración llegó de la mano del Ministerio de Hidrocarburos. Carlos Pérez, titular de esa Cartera de Estado, reveló -el 1 de junio en EXPRESO- que el Estado adeuda 2.000 millones de dólares a las empresas privadas. Aunque algunas empresas denunciaron la falta de pago -por más de 22 meses- el Gobierno no daba un monto general. El 2 de marzo, por ejemplo, este Diario consultó el valor total a la empresa pública Petroamazonas pero no obtuvo respuesta.

En los dos casos, De la Torre y Pérez reconocieron que no existen los recursos para cumplir de inmediato con los haberes pero se comprometieron a dialogar con los acreedores para buscar un mecanismo de pago. Esas obligaciones, explicaron las autoridades, serán honradas cuando existan recursos y un cronograma de cumplimiento.

Ese, sin embargo, no es el caso de la tercera y más grande de las deudas que le aparecieron a Moreno. Hace dos semanas, la Contraloría General del Estado determinó que el Gobierno adeuda 2.878 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La cifra, existente hasta el año pasado, desapareció de los balances del Seguro Social en septiembre. Con el informe del ente de control, la cantidad regresó a las cuentas del IESS.

De la Torre, a diferencia de los otros montos, no está convencido del pago. A sus ojos, la determinación de Contraloría -que es final, según el Seguro Social- es solo un insumo para determinar si existen los 2.878 millones que cancelar.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), considera que la deuda existe y que, además, hay más montos pendientes. Los cálculos del sector privado dan cuenta una factura del Gobierno con el IESS por 15.112 millones de dólares. Ahí se incluye la emisión de bonos de deuda interna, las inversiones en obras públicas y el convenio de pago del 40 % del aporte estatal a las pensiones jubilares.

La transparencia que comienza a aparecer en las finanzas públicas, pese a lo dicho, es insuficiente. La contratación de nueva deuda, por ejemplo, no es clara. Finanzas no ha actualizado sus informes desde abril de este año.

Otros montos opacos

Deuda interna

Desde inicios de año, el Gobierno dejó de publicar la deuda interna completa del Estado. Según las autoridades, la cifra reflejaba haberes entre instituciones públicas y eso, internacionalmente, no se toma en cuenta. Con el cambio, la deuda se redujo en cerca de 10.000 millones de dólares.

Preventas

Los compromisos con China y Tailandia por preventas de crudo no son claros. Las condiciones, tasas y plazos no se contemplan en el informe de deuda que publicaba -hasta abril- el Ministerio de Finanzas. El Gobierno, además, tiene una preventa posible de 2.500 millones adicionales.