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Junior Roldán, alias JR, cabecilla de Los Choneros, fue liberado gracias a la prelibertad otorgada por un juez. La Policía Nacional lo capturó otra vez en delito flagrante.Cortesía

Las liberaciones y recapturas son motivo de inquietud de EE. UU.

Las declaraciones del embajador no son sorpresivas. La liberación de delincuentes atiza lo expresado. Se espera una estrategia institucional conjunta

Palabras que se respaldan en hechos. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, cuestionando el trabajo del sistema de justicia, que en muchos casos beneficiaría a líderes de bandas del crimen organizado, no causan sorpresa, pero tampoco dejan de inquietar.

En un evento académico desarrollado en la Universidad Simón Bolívar en Quito, el diplomático dijo que las organizaciones narcodelictivas se pelean en el país el control de las rutas para sacar droga, los puertos, las cárceles, pero también se disputan la justicia.

El exvicepresidente de la República Otto Sonnenholzner dijo a EXPRESO que es indiscutible la penetración del narcotráfico en la justicia “y no de ahora”. Basa sus sospechas en sentencias y resoluciones que no tienen ninguna explicación y que denotarían la relación de funcionarios judiciales con el crimen organizado.

Los dos últimos casos lo corroborarían. Por un lado, Luis Alfredo Arboleda, alias el Gordo, líder de Los Lobos, fue liberado luego de ser capturado en Quito con armamento y, de inmediato, aprehendido en Quevedo con armas pesadas, droga y uniformes policiales. Y Junior Roldán, alias JR, fue beneficiado con la prelibertad dictada por un juez, pero volvió a ser capturado con armamento y otros objetos de uso militar.

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Michael Fitzpatrick,
​embajador de los Estados Unidos

“Las reacciones deben ser contundentes. Se deben aplicar controles patrimoniales no solo a jueces y funcionarios, sino también a familiares y personas cercanas”, planteó Sonnenholzner.

A la legisladora de Izquierda Democrática (ID) Johanna Moreira sí le sorprendió que este tipo de declaraciones vengan del embajador de Estados Unidos, aunque su contenido no le cayó del todo por sorpresa, porque considera que hay un deterioro institucional evidente del que no se salvan entidades como la Asamblea Nacional, el Gobierno y la propia justicia.

“La corrupción en diferentes instancias estatales no se combate solo con leyes; también es necesario que desde el Legislativo emitamos normativas para hacer frente a esta situación que es muy grave”, manifestó la Asambleísta.

Fitzpatrick incluso señaló que el sistema ecuatoriano de justicia sería una suerte de camuflaje que serviría para beneficiar y defender a “narcos, matones y testaferros”. Dejó entrever que la extradición de delincuentes que se plantea en la consulta popular del Gobierno podría servir de alguna forma para enfrentar esta situación.

Acuerdo

En días pasados, el autodenominado grupo parlamentario anticorrupción, que cuenta con unos quince legisladores, se reunió con el embajador Michael Fitzpatrick, y habrían consensuado que compartirán información acerca de las investigaciones que desarrollen al respecto.

Encuentros

El exvicepresidente Sonnenholzner considera que ya es momento de que se presente una estrategia conjunta de las entidades estatales encargadas de la justicia y seguridad del país. Pero también para definir con qué dinero cubrir dicha estrategia, porque requerirá financiamiento.

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Declaración

No es la primera vez que una declaración del embajador Fitzpatrick causa revuelo en el país. En diciembre del año pasado dijo que a su país le preocupaba la existencia de ‘narcogenerales’. El tema causó conmoción, aunque pasados los meses poco o nada se conoce de los resultados de las investigaciones.

Iván Saquicela: "hay fallos que generan preocupación y deben ser investigados"

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, le dijo a EXPRESO que cada juez debe hacerse responsable de sus actos.

“Los jueces del Ecuador debemos actuar en derecho y no dejar sombra de duda sobre nuestra actuación, hay fallos que generan preocupación y deben ser investigados, de ser cierto, deben sancionarse”, señaló.

Dijo además que hay normas que deben ser reformadas que permiten el abuso de habeas corpus, acciones de protección y facilitan decisiones en el ámbito de las garantías penitenciarias.