Tantas leyes caras

“Todo gasto, toda inversión, pasará por un filtro objetivo de necesidades ciudadanas”, dijo Lenín Moreno en su posesión. Luego ofreció decretar austeridad fiscal.

Que el flamante equipo gubernamental se despabile: la eficiencia del Estado moderno no se limita al ciclo de planificación, recaudación, inversión, gasto y control. La austeridad tiene que enfocarse también en el accionar regulatorio.

Que las leyes y otras normas aseguren más beneficios que los costos que imponen, exige un rabioso e independiente análisis antes de su aprobación. Lo primero es definir la necesidad que buscan atender. Sigue identificar alternativas regulatorias (o no regulatorias) y calcular costos y beneficios para gobierno, comunidades, industria, ciudadanos, medioambiente y para la economía en su conjunto.

Materia desconocida en nuestro país, este análisis es obligatorio para gobiernos de avanzada que tienen oficinas especializadas. Hasta la convergencia de intereses partidistas resulta bien servida pues el análisis costo-beneficio enfoca los debates en términos de impacto neto para las partes y no en el viejo “más versus menos Estado”.

Ejemplos sobran de normas que por no seguir un tal análisis, o por ser impulsadas como “mensajes políticos”, han sido reformadas y reformadas y reformadas. Otras como la de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, por ejemplo, muestran que solo le interesan a una tecnocracia minúscula: si tuviera demanda ciudadana, sus plazos de reglamentación e implantación se hubieran cumplido. Nadie la conoce ni la reivindica y por buena que pueda ser, para unos pocos, implica tantos cambios y costos en la vida de personas que bien vale pensar si se justifica su vigencia. Más en tiempos de austeridad.

¿Cuánto trabajo adicional requeriría de los legisladores y ministros demostrar incontrovertiblemente el beneficio neto de sus propuestas regulatorias? ¿Cuánto trabajo adicional de la oposición? ¿Cuánto trabajo de los gremios y ONG? Más trabajo y menos bla bla, eso también es austeridad.