La ley viabiliza la coerción partidista a los funcionarios
Las charlas socialcristianas a empleados del Municipio de Guayaquil no son una infracción electoral, según el CNE. Para actuar se necesitan denuncias
“En lo electoral no hay infracción”, respondió el Consejo Nacional Electoral a EXPRESO sobre si las capacitaciones del Partido Social Cristiano a funcionarios del Municipio de Guayaquil para que realicen el control electoral a Cynthia Viteri tendrían alguna consecuencia. “Otra cosa es lo administrativo, a nivel de Contraloría”, sentenció.
Una postura que, según expertos consultados, es válida, ya que el Consejo solo podría actuar si se cumplen ciertas condiciones para investigar el caso, pero que de haber empleados públicos coercionados, estos deberían denunciarlo ante el Ministerio del Trabajo.
El Consejo Nacional Electoral no tiene competencia en este tema laboral. Los servidores públicos no pueden ser discriminados, si son coercionados podrían denunciarlo.
Daniel González, exfuncionario del CNE y analista electoral, explica que “siempre y cuando (las capacitaciones) no sean dentro del horario laboral y con recursos públicos, no habría problema”. Caso contrario, según continúa, aplicaría el artículo 279 del Código de la Democracia que estipula como infracción muy grave la utilización o autorización de bienes o recursos públicos con fines electorales. Violación que es sancionada con hasta 60 salarios básicos y/o la suspensión de derechos de participación.
Sin embargo, sobre la coerción que algunos de los asistentes a las charlas socialcristianas denunciaron, Fausto Camacho, exvicepresidente del cuerpo colegiado, recuerda que los temas laborales deben canalizarse a través del ministerio de la rama para aplicar, de ser necesario, lo que estipula la Ley Orgánica del Servicio Público. Este Diario se comunicó con la cartera de Estado para consultar las acciones que podría realizar ante las denuncias de los funcionarios, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
“El Consejo Nacional Electotal es un monstruo que puede asustar, pero que no puede sancionar a nadie”, indica Camacho y señala que la entidad “debería, de oficio, abrir una investigación con los elementos denunciados (por parte de los funcionarios del Municipio de Guayaquil), así como por la precampaña de los partidos”.
Sin embargo, según explica, esto no implica que se esté dando la razón a las denuncias, ya que “la investigación puede terminar siendo remitida al Tribunal Contencioso Electoral para aplicar la sanción respectiva, como también puede terminar en la nada”.
Se debería iniciar una investigación de oficio con los elementos que han denunciado los funcionarios (del Municipio). Eso no significa que termine en una sanción necesariamente.
EL TEMOR DE DENUNCIAR LA COERCIÓN
Manuel (nombre protegido) tiene más de siete años en el Cabildo de Guayaquil. Es uno de los que alertó las capacitaciones, pero admite que no hará una denuncia formal porque hacerlo sería “ponerse la soga al cuello”.
Fue él quien contó que los empleados municipales deben estar en guardia el día de las elecciones seccionales a realizarse en febrero de 2023 y quien admitió que en las presidenciales de 2021 también tuvieron que asistir a los recintos electorales.
