La Ley de Transito, en panales

  Actualidad

La Ley de Transito, en panales

Es uno de los debates con mayor participación social de esta Legislatura. La presión de los gremios de choferes se siente en las calles y al interior del Pleno.

Presión. Los gremios del transporte parecen dispuestos a hacerse escuchar en la calle cada vez que la Asamblea trate las reformas a la ley.

Las diferencias son irreconciliables; los grupos de presión, poderosos; las expectativas ciudadanas, altísimas. El primer debate de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial cumplió ayer su tercera jornada en la Asamblea Nacional y dejó la sensación de que aún está todo por hacerse. Se trata de uno de los debates con mayor participación social en esta Legislatura, comparable solamente, quizá, con el tema del aborto en las reformas al Código Penal. De un lado están las exigencias gremiales de los sindicatos del transporte, cuyos representantes hablaron la semana pasada ante el Pleno y pretenden obtener ventajas de la nueva ley. De otro, las exigencias de los observatorios ciudadanos de seguridad vial y las organizaciones de usuarios, peatones y ciclistas, que piden actualizar la legislación en función de las nuevas realidades y establecer un nuevo pacto de convivencia vial.

Nuevamente, centenares de choferes profesionales se manifestaron en la puerta de la sede Legislativa, en abierta demostración de su capacidad de movilización permanente. Esta vez, sin embargo, no fueron los únicos. Los integrantes de la organización Entes del Asfalto, interesados en la seguridad vial, organizaron una comparsa para escenificar el problema de las muertes en las carreteras. Curiosamente, algunos choferes se sintieron aludidos y expresaron su rechazo a los recién llegados.

Adentro, en el Pleno, la Presidencia se había esforzado por equilibrar la incómoda situación que se produjo el jueves pasado, cuando seis dirigentes de los gremios del transporte (y ningún representante de la sociedad civil) fueron invitados a intervenir en el debate y lanzaron, como ladrillazos a un charco, una serie de propuestas radicales e intransigentes: no al sistema de licencia de conducir por puntos; no a las plataformas tecnológicas de transporte urbano como Uber y Cabify; no a los sistemas de transporte mixto en las zonas rurales; competencias exclusivas de la Federación de Choferes para capacitar a los nuevos conductores...

Sea porque el asambleísta de CREO Fabricio Villamar (integrante de la Comisión Ocasional constituida para redactar estas reformas) manifestó ese día su descontento por la ausencia de organizaciones civiles; sea porque las propuestas de los choferes generaron una ola de descontento que se expresó en las redes sociales con la circulación de vídeos que recogen flagrantes atentados contra la seguridad vial por parte de transportistas profesionales, el hecho es que ayer fueron invitados un representante de los ciclistas, uno de los motociclistas, la directora de un centro de apoyo a víctimas de accidentes y la presidenta de la Fundación Corazones Azules. Esta última, Rosa Carrera, recogió el debate en el punto en el que los dirigentes del transporte lo dejaron: su intervención fue un vehemente llamado a mantener el modelo de la licencia de conducir por puntos.

Los gremios cuentan con aliados en el Pleno. Ellos mismos los nombraron: María José Carrión, que la semana pasada argumentó en contra de las plataformas Uber y Cabify; Alberto Arias y Fredy Alarcón, a quienes identificaron como “representantes de los choferes”; la oficialista Ana Belén Marín... Del otro lado, son pocos los que se animan a hablar directamente en contra de las demandas gremiales: Fabricio Villamar saltó en defensa del sistema de puntos en la licencia de conducir; César Rohón (PSC) se escandalizó de la pretensión de los choferes de asumir la competencia exclusiva de la formación de nuevos profesionales; Fernando Burbano (CREO) pidió mantener un régimen especial para el sector rural; Sebastián Palacios (SUMA) propuso incluir en la ley un manual de respeto al ciclista y propuso una transitoria para otorgar a las cooperativas de transporte un plazo de 180 días para dotar a sus unidades de estructuras para portar bicicletas.

Queda por resolver una enorme cantidad de aspectos técnicos. Afortunadamente, el Consejo de Administración Legislativa amplió hasta diciembre el plazo de la Comisión Ocasional para elaborar el borrador definitivo de la ley.

Derogación

El impuesto verde agoniza

El llamado “impuesto verde” tiene los días contados. Ayer, la Asamblea dio un nuevo paso para dejarlo sin vigencia. En su reunión de la tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió el trámite del proyecto presidencial que propone eliminarlo. El proyecto pasó al conocimiento de la Comisión de Desarrollo Económico.