La Ley de Plusvalia, ingrediente que sazona la precampana electoral

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La Ley de Plusvalia, ingrediente que sazona la precampana electoral

El oficialismo busca combatir la especulación inmobiliaria, que genera ganancias ilegítimas y encarece el suelo.

Rafael Correa dice que así evitarán burbujas inmobiliarias, como las que perjudicaron a España y EE.UU. en años recientes.

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 27 de diciembre la Ley de Plusvalía en medio de apoyo, rechazo y cierto grado de desconocimiento por parte de la población ante el contenido de la norma. El cuerpo legal se convirtió en uno de los ingredientes que sazona la precampaña electoral con miras a los comicios de 2017.

Con la Ley para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, popularmente conocida como “Ley de Plusvalía”, el oficialismo busca combatir la especulación inmobiliaria, que genera ganancias ilegítimas y encarece el suelo. Rafael Correa dice que así evitarán burbujas inmobiliarias, como las que perjudicaron a España y EE.UU. en años recientes, y que impedirá que se socialicen los gastos en obra pública y se privaticen las ganancias en pocas manos.

Tras el análisis en la Asamblea, la normativa, propuesta a principios de diciembre por el Presidente con carácter de urgente, debe volver a él para que la sancione u objete. La Ley de Plusvalía propone el pago del 75 % sobre la ganancia extraordinaria de bienes, cuando ésta supere los 24 salarios básicos unificados, es decir 8.784 dólares.

Si la ganancia por la venta de un inmueble es mayor a esa cantidad, el vendedor deberá pagar el porcentaje sobre el beneficio, siempre y cuando sea la segunda vez que se realice la transferencia del bien desde la vigencia de la ley y su ganancia no esté debidamente justificada. La recaudación -asegura el Ejecutivo- irá para los municipios y no perjudicará a la promoción y construcción inmobiliaria, como temen agentes del gremio, sino que beneficiará al sector, cuyo principal problema es la especulación del suelo, según Correa.

El Gobierno echó mano de los ejemplos para informar del alcance de la ley. Explica así que una casa comprada en 100.000 dólares y vendida al doble después de una década, no paga impuestos con la nueva ley, mientras que con la actual pagaría 5.000 dólares.

No obstante, si esa misma casa se la vende en medio millón de dólares porque aumenta el valor por la ejecución de obras públicas o porque se especula con el bien, paga impuestos con la nueva ley pues “es claro que hay una ganancia ilegítima, extraordinaria”, subraya. Los detractores se preguntan quién y bajo qué criterios determinará qué es una ganancia ilegítima o cómo se procederá si alguna obra pública afecta de forma negativa a una vivienda y, como consecuencia de ello, se deprecia.

Ese es uno de los cambios incluidos en el debate: en caso de minusvalía, los municipios podrán reconocer hasta el 50 % del valor de afectación a través de notas de crédito, según asambleístas. También están los que se preguntan por qué se deben pagar nuevos valores, si ya se abona cada año un impuesto a los predios y también por mejoras públicas.

Jaime Nebot, uno de los más fuertes detractores de la norma, asegura que ésta “atenta contra el derecho de la familia ecuatoriana a prosperar” y, en su opinión, no perjudica solo al que ya tiene casa propia, sino a quienes aspiran a tenerla. Por ello, pide a los ciudadanos rechazar la medida con su voto en las urnas el próximo 19 de febrero, cuando se designará al sucesor de Correa de entre ocho binomios, entre ellos el liderado por Lenín Moreno, exvicepresidente, y candidato del oficialismo que va primero en las encuestas.

“¡Lo que Fidel y Chávez le hicieron a los cubanos y venezolanos, que Alianza País no se lo haga a los ecuatorianos!”, señala Nebot. El tema de la plusvalía está entre las primeras planas de la agenda de los candidatos presidenciales que hablan a diario de sus planes de gobierno pese a que la campaña electoral comienza oficialmente el 3 de enero próximo.

Sobre la norma, Moreno aseguró que “el concepto es correcto” pues evita la especulación de la tierra y facilita a las personas de escasos recursos económicos que accedan a su vivienda digna. Guillermo Lasso, quien según varios sondeos se ubica segundo en la intención de voto, indicó que, si llega a la Presidencia, eliminará 12 impuestos y también “toda novelería de último momento, como la Ley de Plusvalía”.

Entre otros candidatos, también se opone a la norma el exgeneral Paco Moncayo, que aspira llegar a la Presidencia, y quien cree que las obras que realiza el Gobierno se hacen con dinero de los contribuyentes y si éstas mejoran el valor de los inmuebles no se debe cobrar lo que considera sería un “sobreimpuesto”. El debate en la arena política también se replica en las calles donde, igualmente, hay adeptos y detractores y ciudadanos de a pie que se declaran confundidos, unos por desconocimiento, otros por falta de interés y unos más por exceso de versiones que inundan también las redes sociales.