El ministro Jiménez recibió a EXPRESO horas después de haber entregado a la Corte Constitucional (CC) una modificación a la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Está optimista de que esta vez pasará.

La CC observó que la primera propuesta daba demasiado protagonismo al Gobierno en la elección de autoridades. ¿Qué se mejoró?

Antes había un control que denominamos control trenzado, que consistía básicamente en que varias instituciones le enviaban sus ternas al Ejecutivo, este las procesaba y enviaba a la Asamblea. El Ejecutivo era una especie de vaso comunicante entre lo que le enviaban las instituciones hasta que llegue a la Asamblea. Ahora será más directo el camino hacia el Legislativo, porque ya no hay esa intermediación y las ternas serán para casos muy reducidos.

¿El Gobierno se sometió al movimiento indígena en las mesas de diálogo?

Es extraño, pero entiendo que estamos en democracia y que haya personas que no vean estos diálogos como un proceso altamente provechoso para el país, porque no hay por donde perderse. Son 218 acuerdos la evidencia de que es posible hacer las cosas de forma distinta. Primero, aumenta la gobernabilidad porque le permite al Gobierno establecer un contacto directo con las organizaciones sociales. Eso también le da tranquilidad a quien está en el sector productivo.

Pero las demandas eran diez al inicio y se van con 218 acuerdos.

Ha sido ganar-ganar. La ejecución de los acuerdos hace imposible que perdamos, porque establece mecanismos de intermediación directa con las organizaciones sociales. Es verdad que fueron 10 demandas y ahora son 218 acuerdos, pero cuál es el problema si todos van en beneficio de país y no solo de un grupo selecto. Además, hay que tomar en cuenta que hubo más de 32 organizaciones e instituciones representadas por el Estado y quienes tomaron las decisiones son los ministros.

¿Los diálogos dejan garantías de que no habrá movilizaciones en el futuro cercano?

El Gobierno ha hecho todo para dar tranquilidad al país y pienso que lo hemos conseguido.

¿El hecho de que el presidente Guillermo Lasso no haya estado presente quita peso al diálogo, como reclamaron los dirigentes indígenas?

No entendí esa crítica, porque yo soy el representante del presidente Lasso y no hago nada si él no me lo indica. Si estoy ahí es porque el presidente quiere que esté ahí, igual que otros ministros, y tomamos esto con total seriedad porque el presidente así lo dispuso.

¿El diálogo con los sectores sociales puede continuar más allá de las mesas?

Hay el compromiso de continuar porque ahora viene la segunda fase, que es la implementación. Tenemos un cronograma y este miércoles (hoy) hay una reunión de seguimiento para implementar una metodología. Tenemos una propuesta que será presentada.

¿Los diálogos con la Asamblea pueden tener la misma dinámica?

La Asamblea es un escenario más político y tiene actores que están más marcados en su posición política, pero pese a ello hemos avanzado bien. La mesa técnica que se estableció entre el Ejecutivo y el Legislativo arrojó un resultado interesante que es el proyecto de Ley de Inversiones.

¿Cómo avanza el análisis de esa normativa en el Gobierno?

La estamos revisando y tenemos prácticamente concluida esa revisión y esperamos presentar la documentación a finales de esta semana o inicios de la próxima, para que se inicie su procesamiento.

¿Se podría decir que el tratamiento y aprobación de esa ley es la prueba de fuego para el futuro de las relaciones Ejecutivo-Legislativo?

Creo que sí, porque es el primer ensayo que vamos a tener en mucho tiempo, porque la actividad de la Asamblea ha estado convulsionada, y la relación con el Ejecutivo (estuvo) cortocircuitada, pero hoy son otros tiempos y todo en política es dinámico.