Una ley a las bravas. El martes por la tarde se aprobó el impuesto con el que, contra todo pronóstico, el presidente Rafael Correa sorprendió a su partido, dejando sin palabras a su candidato Lenín Moreno, que demoró un pronunciamiento favorable durante más de dos semanas. La votación final no trae sorpresa en el resultado: una mayoría allanada a la propuesta presidencial; pero sí en el proceso: un tercio de los verdeflex evitó dejar su nombre estampado en las actas del -quien sabe si- último impuesto del correísmo.

Fueron 35. Como un raro homenaje a su lista casi tres docenas de asambleístas de Alianza PAIS y aliados incondicionales optaron por desafiar la rígida disciplina partidista que, en más de una ocasión, ha valido la expulsión del club de la mayoría a los renegados.

Pocos han sido tan frontales como el solitario Christian Viteri (PAIS) y la aliada María Verónica Rodríguez (Unidad Primero) en votar contra la propuesta de su propio partido, de su propio presidente, por primera vez. Aun en el último tramo de la legislatura. Ambos alegaron haber presentado sus desacuerdos con anticipación sin recibir respuesta del bloque.

La mayoría ha decidido esquivar el toro con mayor sutileza: con una abstención como la de Esthela Acero (PAIS) o una receta más tradicional para el partido de Gobierno, acudir a los suplentes o no acudir.

“La política que se ha acordado en el bloque es que cuando no se está de acuerdo con una ley se envía al suplente a votar a favor”, reconoce Rodríguez, uno de los sorpresivos votos en contra. Ella no lo hizo porque consideró que la mayoría había ignorado sus cuestionamientos a la ley.

El rito de los suplentes fue seguido por 15 verdeflex, entre ellos notables oficialistas como Soledad Buendía o Miguel Carvajal, quienes prefirieron encargar el sí a sus suplentes. La tercera parte de estos buscará la reelección en febrero.

Otros 16 representantes del partido de Gobierno se excusaron, que es la manera formal de decir que no acudieron ni ellos ni sus suplentes para fijar una postura ante una ley enviada con carácter de urgente y criticada por gremios empresariales, sectores de oposición y ciudadanos que, en 2015 y 2016, mostraron su rechazo a la propuesta en las calles.

De los 35 legisladores que no evitaron la plusvalía, 13 aspiran a volver a la Asamblea.

Está claro que el cálculo electoral entró en juego. Fuentes oficialistas consultadas por este Diario aseguran que en la reunión de bloque, previa a la votación, los representantes de la mayoría se volcaron a un apasionado debate sobre las consecuencias de este proyecto en las urnas. “Muchos mostraron sus diferencias. Creemos que es un proyecto que va a pasar factura. Pero la postura general fue que la plusvalía y la corrupción no son temas que interesan a las bases populares”, cita uno de los legisladores presentes en la reunión a puertas cerradas. “Creo que están subestimando a la clase media”. Faltan 50 días para que las elecciones confirmen o desmientan la suposición.

Aprobada con 79 votos de los 100 posibles para el oficialismo, el proyecto de plusvalía ejemplifica las consecuencias del código de conducta bajo el cual los legisladores verdeflex se allanan a la postura del partido, por encima de su propia voluntad.

El más claro ejemplo de ello fue Octavio Villacreses (Guayas, PAIS), quien reconoció en el Pleno su deseo de que “este proyecto vuelva a ser debatido” porque considera que generaliza el término de especuladores. Pese a ese reclamo público, a un pedido de reforma puntual y al cuestionamiento directo, terminó votando a favor.