Explicación. Fausto Cayambe detalla a sus coidearios los ejes polémicos de la normativa aprobada ayer.

Una ley con cambios hasta en la votacion

Hubo cambios hasta después de aprobada la ley. Las reformas laborales, planteadas por el Ejecutivo, pasaron el segundo debate en la Asamblea con modificaciones de última hora. Una de las más significativas: declarar retroactivo al seguro de desempleo.<

Hubo cambios hasta después de aprobada la ley. Las reformas laborales, planteadas por el Ejecutivo, pasaron el segundo debate en la Asamblea con modificaciones de última hora. Una de las más significativas: declarar retroactivo al seguro de desempleo.

Como durante toda la discusión del proyecto, Fausto Cayambe (PAIS) orquestó el trabajo. Él agregó los cambios, lidió con las críticas de la oposición y hasta explicó los ejes a sus coidearios. Él también notó que la normativa, aprobada inicialmente con 85 votos a favor, tenía fallas en el nombre (debía constar que era orgánica). Por eso, una hora después de la aprobación, apoyó la iniciativa de reconsiderar la votación. En el segundo intento la ley obtuvo 80 apoyos.

María José Carrión, Carlos Bergmann, Carlos Velasco, Omar Juez y Liuba Cuesta (todos de PAIS) no votaron en la reconsideración. Ellos abandonaron el pleno luego del debate y no estuvieron cuando se retomó el tema. De todas formas, expresaron su respaldo total a la propuesta oficialista.

Con ese mismo entusiasmo, la oposición rechazó la normativa. Uno de los cambios más cuestionados (el independiente Ramiro Aguilar lo calificó de “locura”) fue la retroactividad del seguro de desempleo. La decisión verde flex es que las personas que perdieron su trabajo entre enero de este año y la fecha actual también puedan acogerse al beneficio.

¿Cómo funcionará? El Estado pagará el seguro con dinero destinado a inversiones en su Presupuesto General. Entre 30 millones y 40 millones de dólares, según Cayambe, porque en el último trimestre se sumaron al desempleo cerca de 58.000 personas.

No será el único pago estatal. Los cálculos de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que trató la ley, muestran que por la afiliación a los nuevos empleados jóvenes (entre 18 y 26 años) el Estado desembolsará hasta 70 millones de dólares. El monto también es considerado una “inversión”.

EXPRESO resume otros ejes de la normativa.