El calvario continúa. Lo que empezó como una salida para las mujeres violentadas sexualmente, terminó siendo un camino revictimizante, lento y tortuoso para las víctimas. Uno que, según juristas, “parece que está hecho para impedir el acceso al aborto” y desistan del proceso.

Un contrasentido que guarda con el espíritu de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación que, en su articulado, señala que tiene como finalidad garantizar la dignidad, la atención médica y, sobre todo, prevenir la revictimización de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación.

“La ley (del aborto) es una tortura para las mujeres”, dice a este Diario la miembro del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, Ana Vera Sánchez, quien también se encarga de las acciones legales estratégicas de sus representadas.

Según el último reporte de acompañamiento de Surkuna, desde la sentencia de la Corte Constitucional y antes de la vigencia de la ley, 28 mujeres solicitaron interrumpir su embarazo por violación. De ellas, 22 accedieron al procedimiento.

Sin embargo, según Vera, la normativa genera obstáculos que parten de los requisitos donde “los médicos públicos no quieren juramentar un examen, los notarios no quieren recibir las declaraciones y denunciar el delito es un proceso engorroso y largo”.

Este Diario solicitó al Ministerio de Salud Pública el modelo de consentimiento informado utilizado, las cifras de las solicitudes ingresadas desde la vigencia de la ley y el desglose del estado de las mismas. Sin embargo, la cartera de Salud ha ignorado esta petición.

Trabas que ha atestiguado la presidenta de la Fundación Desafío Ecuador, Virginia Gómez. “Tenemos el caso de una adolescente indígena que fue masacrada por su pareja y la violó cuando la dejó en coma”, indica y continúa señalando que cuando su mamá quiso acceder al aborto, “pasó un periplo de una provincia a otra y hubo que gestionar a otros niveles” para que le hagan el procedimiento.

Asimismo, explica que conoce de casos donde hay demoras porque “van a denunciar y les dicen que no está el responsable o que está con permiso o que está de vacaciones y eso es perverso porque hay una temporalidad de 12 semanas”. Esto sumado a que los requisitos como la declaración juramentada de la mujer implica una doble vulneración, ya que “la revictimiza al tener que volver a contar lo que sucedió y, además, tener los recursos para pagar el documento”.

Por su parte, Vera también destaca que “tenemos el caso de una migrante venezolana que fue violada en su tránsito por Colombia y no denunció en ese país por su situación migratoria. Cuando llegó a Ecuador no pudo acceder a ningún requisito porque no tenía papeles, nadie le quería hacer una declaración juramentada, ningún médico quiso juramentar los exámenes y tampoco se pudo denunciar el delito porque no sucedió en Ecuador”.

Casos que, según Vera y Gómez, son más comunes de lo que se puede pensar y que en lugar de la ley haberse convertido en una ayuda, terminó siendo un suplicio.