Las explicaciones oficiales sobre el escape de Fernando Alvarado son insuficientes. En el ámbito judicial la justificación viene por el lado de la formalidad normativa, y tanto el juez como el fiscal descargan su responsabilidad en el hecho de que la medida sustitutiva del grillete era el procedimiento legal, puesto que la orden de prisión solo cabe cuando el sospechoso ha incumplido alguna disposición emitida en la fase de investigación.

Lo que ocurría en ese campo sin embargo, desde el Ejecutivo, merecía un tratamiento riguroso, una mayor preocupación y, desde luego, una estrategia enmarcada en el ofrecimiento de luchar a fondo contra la corrupción. Y es que no se trata de cualquier persona, Alvarado es una pieza clave en la estructura de latrocinio del correato, y está articulado a la trama de podredumbre, represión y abuso contra los derechos humanos que caracterizó a ese desvergonzado gobierno. Su estatus de poder le permitió el absoluto control de los medios públicos, a través del manejo de la Secom y de un consejo de contenidos que dictaba las formas de proceder con la noticia.

Desde esa posición decidió cómo utilizar los recursos públicos para manejarlos a su antojo, canalizarlo a las empresas de publicidad de su familia, contratar dentro y fuera del país campañas publicitarias, entre otras maravillas. Las autoridades siempre supieron eso, pero no demostraron acuciosidad para averiguar cómo se movilizaba este individuo, por qué razón disponía para ello de varios vehículos, numerosos guardaespaldas y, probablemente, hasta perros guardianes.

Un funcionario con esa cobertura, es lógico, debía haber tenido responsabilidades que rebasaban su papel en la comunicación. ¿Se preguntaron acaso quién o quienes ejecutaban la disposición presidencial de reprimir las manifestaciones de oposición, hacer “trabajos sucios”, acallar la protesta y dar órdenes a la cabeza de la Senain? ¿Constataron qué hacía en Ghana el mencionado “avivato”?

Alvarado no es solo un problema judicial, es un problema de Estado.