El presidente Lenín Moreno eximió de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, salpicada por un caso de supuesto cobro irregular en la financiación del partido Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

Este lunes 3 de diciembre de 2018, el primer mandatario explicó que de esta forma Vicuña podrá “ejercer sin interferencia su legítima defensa” en el proceso abierto en la Fiscalía.

Moreno encargó a José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia, las funciones que hasta ahora recaían en la segunda mandataria, que por el momento permanece en el cargo.

El presidente hizo el anuncio en una ceremonia en la que tomaron posesión varios cargos ministeriales, dentro del que es el segundo reajuste de su gabinete este año.

“No afectar la gestión de Gobierno”

Desde su cuenta oficial de Twitter, la vicepresidenta informó que pidió una licencia —hasta el 31 de diciembre— a Moreno para ejercer su derecho a la defensa y no afectar la gestión de Gobierno, “especialmente las funciones a mí encomendadas”, concluyó.

“Interesados en su cargo”

En una entrevista con Efe, el pasado 30 de noviembre, Vicuña dijo que no descartaba que el escándalo se deba a que haya “interesados” en su cargo que quieran hacerla caer para “quitársela de en medio”.

“Seguramente. No es una opción que uno tenga que descartar. Hay algunas personas que sin duda no pueden coincidir, o no pueden estar de acuerdo, con mi presencia como vicepresidenta”, dijo en respuesta a una pregunta de Efe durante una entrevista en Guayaquil.

Agregó que tendrá que pasar el tiempo para que “las caretas vayan cayendo”, en alusión a miembros vinculados a su propio partido que puedan estar interesados en su caída política tras su designación por el propio presidente.

Una teoría planteada por la abrupta forma en la que estalló el caso que la salpica desde el pasado lunes, cuando Teleamazonas publicó una declaración jurada ante notario de uno de sus excolaboradores, Ángel Sagbay, en la que aseguraba haber pagado contribuciones a su cuenta personal entre 2011 y 2013, cuando ella era asambleísta.

“La discusión no está en si se depositó o no. Eso está ahí, no se ha negado. Lo que no es correcto, y que es la infamia y la calumnia, es el porqué y a qué se deben (esos pagos)”, declaró a Efe.

Explicó que, contrariamente a la declaración de su excolaborador, nunca condicionó su ingreso al puesto, sino que ese dinero fue “un aporte a una organización en la cual era militante y dirigente”.